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Más de 1,2 millones de personas viven en Catalunya en una situación de riesgo de pobreza o son pobres, de acuerdo con un estudio elaborado por el sindicato UGT. Estos ciudadanos, que representan el 17,7% de la población, disponen de una renta neta anual por debajo de los 7.569 euros, límite establecido por el Institut d’Estadística de Catalunya para marcar el umbral de pobreza, casi 1.500 euros inferior – – el 40% – – a la renta media neta anual. Las familias monoparentales, quienes viven solos, los extranjeros, los ciudadanos con estudios básicos, ancianos, viudas y mujeres constituyen los colectivos más afectados.
Se trata de una bolsa de pobreza que supera apreciaciones anteriores: hasta la fecha, se había estimado que englobaba a poco más del 15% de la población. Con el agravante de que esta corrección al alza coincide con cinco años de crecimiento económico ininterrumpido, que han permitido a Catalunya rebasar con cuatro años de anticipación los objetivos de Lisboa, establecidos por la UE para el 2010. Dicho de otro modo: superar una tasa de ocupación del 70% y situar el crecimiento del PIB del primer trimestre de este año en el 3,6%, una décima más que la tasa española, no ha contenido el avance de las desigualdades.
La edad y la soledad, los flujos de emigración clandestina y los déficits en infraestructuras se encuentran en el origen del avance de la pobreza en una sociedad del primer mundo. Con los riesgos añadidos de fractura social, desestructuración familiar y crecimiento de guetos a pocas manzanas de la prosperidad. Unos riesgos que, en el caso de las mujeres, tienen características muy particulares, de tal manera que ellas superan en más de 100.000 a los hombres. Y, mucho más, entre la población inmigrante: el 37,8% – – más de 300.000 personas – – se encuadra en la franja de población pobre.
Del mismo estudio se desprende que, con intervenciones concretas y programadas de la Administración, se podrían corregir algunos de los factores que inducen a la pobreza y, en última instancia, a la marginación. Por ejemplo, mediante el aumento de plazas de residencias para ancianos y en los hogares y guarderías infantiles, un número considerable de mujeres podrían aspirar a tener un trabajo remunerado, y mediante la ampliación de la red de transportes en la periferia de Barcelona sería posible el acceso a determinados empleos a quienes, por vivir en el centro de la ciudad y carecer de vehículo propio, ahora no pueden hacerlo. Ni se trata de soluciones milagrosas ni de bajo coste, pero ningún esfuerzo presupuestario está más justificado que el que se dirige a combatir la exclusión.