Dos nuevos varapalos de la Justicia han sacudido este martes al Gobierno de Canarias. Por un lado, el Tribunal Constitucional ha suspendido varios apartados del protocolo de atención a menores migrantes que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de septiembre. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la suspensión de la orden del Ejecutivo regional que pedía a las ONG no acoger menores sin su autorización. Todo ello en un contexto en el que el PP (socio de CC en Canarias) ha roto las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la distribución de niños y niñas no acompañados en las Islas. 

El Gobierno de España consideraba que el protocolo de menores migrantes del Ejecutivo de Fernando Clavijo podía vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. 

La Fiscalía pidió a los pocos días de aprobarse el protocolo su suspensión y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo suspendió de urgencia. El Ministerio Público alertaba de que, de ejecutarse el protocolo, los menores ‘’quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en el mar o hayan sido interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional’’.

De hecho, el protocolo obligaba a los menores a pasar por una odisea de trámites policiales antes de entrar al sistema de acogida, lo que podría ralentizar su protección. El escrito que la fiscal María Farnés recogía que la medida vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral recogidos en los artículos 14 y 15 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño. 

Ahora, el Tribunal Constitucional elimina todos los apartados que ya la Fiscalía había señalado como inductores de un posible delito de abandono. 

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) también ha confirmado este martes la suspensión de la orden del Gobierno canario que pedía a las ONG no acoger menores sin su autorización. 

Con carácter provisional, pero ya con las alegaciones de la administración sobre la mesa, reitera la suspensión cautelar tras ser solicitado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. La Justicia entiende que la aplicación del acuerdo “comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello puede causar a un colectivo que, por sus circunstancias, resulta especialmente vulnerable”.

Estos dos varapalos al Gobierno de Canarias se producen en medio de las negociaciones para una distribución de niños y niñas no acompañados que llegan a las Islas por todas las regiones de España. El PP (socio del Ejecutivo de Fernando Clavijo) rompía este fin de semana las negociaciones al entender que el Gobierno central no ha pedido ayuda a la UE. Sin embargo, el Gobierno negó haber rechazado dicha ayud para la distribución de menores y asegura que los populares han roto las negociaciones en base a “una información falsa”.

Este mismo lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, declinaba censurar que el PP, socio de Coalición Canaria, haya roto las negociaciones para lograr un acuerdo sobre la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Según ha insistido, la posición es la de seguir en la “senda del diálogo” y en que los dos grandes partidos del Estado lleguen a un acuerdo. 

La propuesta de la que parte el Gobierno central para negociar con el PP la distribución de menores migrantes por comunidades autónomas prevé que Canarias acoja a 1.000 niños y niñas frente a los más de 5.000 que acoge en la actualidad. La distribución que plantea el Ministerio de Juventud e Infancia fija un número de plazas óptimas por comunidad autónoma según el número de población tomando los datos censales más actualizados.

Mientras se producían esos varapalos judiciales y con las negociaciones para la distribución de los niños y niñas no acompañados paralizadas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo está realizando una gira por Rabat. Desde el país vecino, ha defendido que “no podemos abordar la situación migratoria de la Ruta Atlántica sin la colaboración de Marruecos”.

Según recoge la agencia EFE, Clavijo destacó este martes que “Marruecos contribuye a la tranquilidad, a la estabilidad y a que las mafias no puedan deambular y generar negocio traficando con las personas”. Unas afirmaciones que realiza pese a que las asociaciones de derechos humanos han censurado la política migratoria del país.