El Pacto de Migración y Asilo que regirá los flujos migratorios en la UE aún no está siquiera en marcha y una mayoría de estados miembros ya está reclamando un endurecimiento de las reglas. Primero fue la apuesta por externalizar los procesos de asilo a centros en terceros países, como hizo Reino Unido con Ruanda y ha acordado Italia con Albania. Y ahora hay una nueva ofensiva para reforzar el sistema de deportaciones de personas migrantes.

15 países se han sumado al documento que han circulado Holanda y Austria en el que reclaman una modificación de la Directiva de retornos que la UE aprobó en 2008 porque consideran que “no es suficiente”. Así, plantean un “cambio de paradigma” que pasa por establecer una serie de “derechos y obligaciones” para las personas migrantes.

“La no cooperación debe tener consecuencias y ser sancionadas”, señalan en el documento que han elevado a la Comisión Europea para que lo tenga en cuenta en la revisión de esa normativa. Entre los firmantes están Francia, Alemania e Italia, entre otros.

Los estados miembros y países asociados a Schengen (MS/SAC, por sus siglas en inglés) deben estar facultados para llevar a cabo el retorno efectivo de los inmigrantes en situación irregular con pleno respeto de los derechos fundamentales“, señala el documento.

“Es necesaria una nueva base jurídica en forma de un marco jurídico de vanguardia que responda a los verdaderos desafíos y y refleje las necesidades de los MS/SAC y de la UE, teniendo plenamente en cuenta la flexibilidad de los EM/SAC para garantizar rendimientos efectivos. Por ejemplo, mediante un mayor apoyo a la digitalización y simplificando los procedimientos”, plantean esos 17 países.

Los retornos de migrantes sin papeles se ha convertido en una de las obsesiones de los gobiernos y de la Comisión Europea en los últimos tiempos. A principios de 2023, el ejecutivo comunitario puso sobre la mesa una estrategia para promover las deportaciones que pasaba en buena medida por acuerdos con terceros países para garantizar que aceptaran a las personas expulsadas.

El número de expulsados se incrementó sustancialmente el año pasado, cuando las deportaciones aumentaron en un 22% respecto al año anterior, según los datos de Eurostat.