Bloqueo político en la crisis migratoria. Otra vez. El PP dio por suspendidas, el sábado, las negociaciones para acelerar la reforma de la Ley de Extranjería y derivar a los menores migrantes que se hacinan en los centros de acogida de Canarias. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, comunicó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el cese de los contactos porque “España ha renunciado a pedir apoyo a la UE”, aunque en el PSOE lo ven una “excusa”, ya que “en ningún caso el Gobierno ha rechazado ayuda de la UE”.

Antes, el miércoles pasado, este diario había desvelado que la nueva oferta del Ejecutivo pasaba por establecer unos nuevos umbrales de saturación del sistema de acogida en base a la población de cada comunidad. Y sin discriminar entre migrantes y nacionales, para no hacer “guetos” de niños y adolescentes extranjeros. Por encima de esos umbrales, el Gobierno se haría cargo de la financiación, aún sin definir a qué coste. Se trata de un criterio objetivo que buscaba evitar las luchas y los sentimientos de agravio entre comunidades autónomas.

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Esa propuesta, elaborada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, implicaría crear nuevas plazas de acogida en 13 comunidades autónomas, para que todas ellas alcanzasen el nivel de una plaza “estructural” de acogida por cada 2.250 habitantes, como avanzó El País y ha confirmado este diario. ¿Por qué esa cifra? Porque es la media de ocupación de los centros de acogida de España, contabilizando tanto las plazas ordinarias como las de “emergencia” que actualmente han desplegado los gobiernos autonómicos (y sin tener en cuenta el superávit que tienen las otras cuatro CCAA).

Ahora que la negociación está en stand by, EL MUNDO ha accedido al documento completo de reparto propuesto por el Gobierno de coalición. En total, habría que crear 4.437 plazas, bien abriendo nuevos centros, bien convirtiendo las soluciones de emergencia en estructurales. 2.748 de ellas, el 61,9% del total, en la Comunidad de Madrid (con un déficit estructural de 1.145 camas), Andalucía (839) y la Comunidad Valenciana (764 plazas por debajo de su peso poblacional). Hay que recordar que las tres suman el 43% de la población de España.

Les siguen Castilla-La Mancha (con un déficit de plazas estructurales de 367), Galicia (327), Castilla y León (292), Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32).

En total, las comunidades del PP deberían crear 4.031 plazas de acogida estructurales el 91% del “déficit” total, según los cálculos gubernamentales para acceder a la financiación extra. Una vez que tuviesen esa capacidad de acogida, el Gobierno financiaría todo lo que superase ese umbral.

Por el contrario, las otras cuatro comunidades autónomas tienen, hoy por hoy, superávit de plazas de acogida en base a su población: Cataluña cuenta con un saldo positivo de 1.065, el País Vasco le sigue con 498, Navarra tiene 85 y Canarias, 65. Melilla (150) y Ceuta (45) también tienen más capacidad de la que les corresponde por población.

Pacto de Asilo y Migraciones
El miércoles pasado, tres días antes de la suspensión de las negociaciones, la vicesecretaria general del PP Ana Alós les reveló a los consejeros populares que la dirección nacional del PP no apoya esta propuesta: “Nosotros estamos en el cumplimiento del acuerdo de Canarias [el suscrito entre Clavijo y Alberto Núñez Feijóo] y no nos vamos a salir de allí”. “Y ellos”, proseguía, en referencia al Gobierno, “no están por la labor, están planteando algo totalmente distinto y además sólo hablan del posible reparto sin hablar de nada de política migratoria, como siempre”.

El PP pide que el Estado asuma el pago de los menores no acompañados cuando se saturen los centros autonómicos y solicita el “traslado de migrantes” a otros países de la Unión Europea. Este último fue el argumento que esgrimieron como justificación para paralizar las conversaciones: “Busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias ni de España”, exigen al Gobierno desde Génova.

Los socialistas se defendieron alegando que sí están haciendo uso del apoyo europeo, pero que este está “reglamentado” y no les permite mayor margen de maniobra. Hasta que en 2026 entre en vigor el Pacto de Asilo y Migraciones, los Estados miembros no tienen obligación de recibir a los migrantes derivados de otros territorios -por ahora, esta acogida es “voluntaria”. Torres añadió a los medios que el protocolo exige que “antes de acudir a Europa, se activen los mecanismos de inmigración dentro del país”. “¿Cómo vas a solicitar a otros Estados que te ayuden para derivar migrantes si tú no lo has hecho en tu propio territorio?”, remató.