Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana se rebelan contra la propuesta de reparto de menores migrantes en base a la población de cada autonomía. Las tres comunidades que concentran el 62% del «déficit» de plazas de acogida, según los datos del informe del Ministerio de Juventud e Infancia al que ha accedido este diario acusan al Ejecutivo de «descargar su irresponsabilidad», de «hacer trampas e inventar excusas» y hasta de «hacer una política Amazon: limitarse a repartir menores migrantes como si fueran paquetes».

Según el nuevo cálculo del Ejecutivo, en total habría que crear 4.437 plazas en 13 comunidades autónomas, bien abriendo nuevos centros, bien convirtiendo las soluciones de emergencia en estructurales. 2.748 de ellas, el 61,9% del total, en la Comunidad de Madrid (con un déficit estructural de 1.145 camas), Andalucía (839) y la Comunidad Valenciana (764 plazas por debajo de su peso poblacional). Hay que recordar que las tres suman el 43% de la población de España.

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«El Gobierno se ha aficionado a la nueva estrategia de lanzar a las comunidades la responsabilidad de su incompetencia», se quejan fuentes de la Comunidad Valenciana. «El Gobierno se ha sacado de la manga un cálculo poblacional, mezclando parámetros de menores tutelados y menores no acompañados para no asumir su incompetencia en materia migratoria y seguir colándonos a menores por la puerta de atrás», acusan en la Generalitat valenciana.

La Junta de Andalucía reclama «que el Gobierno de España reconozca a los 522 menores migrantes que ha trasladado de Canarias a la comunidad como si fuesen adultos, que ha colado en Andalucía por la puerta de atrás», según fuentes del Palacio de San Telmo. «Que los reconozca y aporte financiación para su acogida y atención, porque Andalucía no ha recibido ni un euro por estos 522 menores que no existen para el Gobierno y que han tratado como si fuesen paquetes», insisten. «Es lo que llamamos la política Amazon de Sánchez: limitarse a repartir menores migrantes como si fuesen paquetes, mera mercancía que lleva de un lado para otro… ¡y son niños, niñas y adolescentes! ¡Son personas!», enfatizan en el entorno de Juanma Moreno.

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«Nos encontramos ante un nuevo intento del Gobierno de Sánchez por descargar su irresponsabilidad y nefasta gestión en materia migratoria en las CCAA», afean en la Puerta del Sol. Las fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso añaden que «Madrid acaba de crear un nuevo centro de menores no acompañados en el municipio de Fuenlabrada ante el aumento de llegadas, y el alcalde socialista de Fuenlabrada lo rechaza y señala a los menores de manera racista». «El PSOE es inhumano con la inmigración» y «no paga lo que debe» a las regiones por asumir más menores de los que pueden. «En definitiva: Sánchez no busca soluciones, sino culpables a ver si cuela», insisten en la Comunidad de Madrid.

La hostilidad verbal se ha recrudecido después de que el PP diera por suspendidas, el sábado, las negociaciones para acelerar la reforma de la Ley de Extranjería y derivar a los menores migrantes que se hacinan en los centros de acogida de Canarias. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, comunicó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el cese de los contactos porque «España ha renunciado a pedir apoyo a la UE», aunque en el PSOE lo ven una «excusa».

El Ejecutivo quiere que todas las comunidades alcancen el nivel de una plaza «estructural» de acogida por cada 2.250 habitantes, como avanzó El País. ¿Por qué esa cifra? Porque es la media de ocupación de los centros de acogida de España. Es decir, lo que quiere el Gobierno es que 13 comunidades suplan los notables sobreesfuerzos que están haciendo los gobiernos de las Islas Canarias y Ceuta.

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Y que lo hagan sin discriminar entre inmigrantes y nacionales, para no hacer «guetos» de niños y adolescentes extranjeros. Por encima de esos umbrales, el Gobierno se haría cargo de la financiación, aún sin definir a qué coste. Se trata de un criterio objetivo que buscaba evitar las luchas y los sentimientos de agravio entre comunidades autónomas.

A Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana les siguen Castilla-La Mancha (con un déficit de plazas estructurales de 367), Galicia (327), Castilla y León (292), Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32). Por el contrario, Cataluña cuenta con un saldo positivo de 1.065 plazas de acogida, el País Vasco le sigue con 498, Navarra tiene 85 y la ciudad autónoma de Melilla, 150.