El contexto es siempre importante, pero más en política. Y, en la actualidad, este contexto no puede desligarse de la negociación presupuestaria, de la que depende en buena medida la forma en que avance la legislatura: con las cuentas de la Generalitat para 2025 prorrogadas o no. El escenario al que se enfrenta el Gobierno valenciano del PP depende de si Vox le apoya con los presupuestos o si, por el contrario, hace valer sus votos para evidenciar su minoría parlamentaria. La política migratoria decidirá la partida.

Al menos, esta es la consigna que viene manteniendo Vox, que este lunes reunió a sus dirigentes autonómicos en Bambú para reiterar que los gobiernos regionales no tendrán su respaldo si no hay por su parte un rechazo explícito al reparto de los menores migrantes que Canarias no puede acoger. Con este telón de fondo, el Gobierno de Carlos Mazón ha decidido endurecer su discurso con el foco puesto en las pruebas de edad que deben pasar los menores, en línea con una de las reivindicaciones de Vox.

La vicepresidenta de la Generalitat y mano derecha de Mazón en el Consell, Susana Camarero, acusó en À Punt al Gobierno de Pedro Sánchez de “colar por la puerta de atrás” a menores migrantes. Según las cifras de su departamento, el Gobierno envió a la Comunidad Valenciana a un total de 991 migrantes adultos, entre los que se incluyó a un total de 80 menores cuya edad no fue revelada hasta que pisaron tierras valencianas. Entre ellos había incluso un niño de 15 años.

Así como la atención a los mayores de edad no es competencia de la Generalitat, sí lo es la acogida de los menores que, según fuentes de la Generalitat, suponen un coste de 200 euros al día por menor. “El Gobierno no ha pagado nada por ellos”, afirman fuentes del departamento que dirige Camarero, que habla por ello de “coladero”.

En palabras de Camarero, “que los cuelen en cupos de mayores es malo para ellos y para los menores tutelados de los centros” que conviven en la Comunidad Valenciana. “Si los meto en los centros sin identificar, pongo en peligro a mis menores tutelados”, según Camarero, que reclama por tanto que, antes de abandonar Canarias, sean sometidos a pruebas de edad.

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La competencia de encargar estas pruebas recae en la Fiscalía, pero no siempre se realizan, según las fuentes consultadas, con lo que en ocasiones llegan a la Comunidad Valenciana menores no identificados como tales en grupos de adultos.

Vox presentó recientemente en las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar que se realicen “pruebas parciales exhaustivas a todos los inmigrantes ilegales no acompañados, que se encuentren bajo la tutela de la Generalitat, para determinar su edad”. En este punto convergen Vox y el PP, a pesar de que ambos partidos ya dejaron patente su distancia en política migratoria en el parlamento autonómico.