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Junts exige para Cataluña un modelo singular para gestionar de forma integral las políticas de inmigración, más o menos lo que pide en materia de financiación: una Hacienda propia. Hace ya meses que el PSOE y los de Puigdemont pactaron la cesión de las competencias de inmigración a la Generalitat. Y se dieron hasta final de año para llenar el acuerdo de contenido.

Los junteros exigen el máximo: una cesión «integral» de las competencias, aunque desvinculan esta negociación de la de los Presupuestos. El Gobierno y Junts llevan meses chocando sobre qué supone la delegación integral de las competencias a la Generalitat en materia de inmigración; si incluye, por ejemplo, el control de fronteras y la capacidad de expulsar migrantes. El ministro del Interior se ha negado varias veces a estas dos cesiones, con el argumento de que son competencia exclusiva del Estado.

En la ponencia sobre el modelo de país que el partido soberanista someterá a sus bases en el congreso que celebrará entre el 25 y el 27 de octubre en Calella (Barcelona), aboga por la creación de una agencia catalana de inmigración, que sería el ente, como la agencia tributaria autonómica, que gestionaría esta materia una vez se hayan traspasado las atribuciones. Según el documento, esta agencia se encargará de «gestionar de forma integral todos los aspectos relacionados con la fijación de cuotas, así como las condiciones de llegada, acogida e integración de los recién llegados».

Se trata de un modelo singular porque Junts cree que la «realidad catalana es diferente» a la del conjunto del Estado. Los posconvergentes consideran que el debate sobre la inmigración es el «más importante» en estos momentos. «La supervivencia de la catalanidad está en riesgo» por culpa de la llegada de personas extranjeras, según la ponencia del partido, que plantea también que los recién llegados «deberán aprender catalán y acreditarlo en un período de tiempo razonable».

La formación nacionalista endurece su mensaje ante la irrupción de la extrema derecha independentista, Aliança Catalana, y su posible crecimiento a costa de los de Puigdemont. «La inmigración, correctamente gestionada, es positiva y nos refuerza como país. Por el contrario, la falta de instrumentos políticos y recursos económicos para planificar y ordenar correctamente la llegada, la acogida y la integración de un elevado número de personas puede generar importantes conflictos de cohesión social», señala la hoja de ruta posconvergente.

Por su parte, el lendakari, Imanol Pradales, volvió a criticar los desequilibrios en el reparto de los inmigrantes menores de edad no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. «Tenemos los centros desbordados. Hay más de 900 menores extranjeros no acompañados en los centros de acogida del País Vasco. En La Rioja solo hay nueve», señaló, en una entrevista en La Vanguardia.

En todo caso, las demandas del Gobierno vasco y del PNV en materia migratoria no tienen nada que ver con las de Junts. El País Vasco recibió en febrero de este año el traspaso de la competencia de acogida de inmigrantes, que entrará en vigor el 1 de enero del 2025. La transferencia faculta al Ejecutivo autonómico a asumir «las funciones y servicios de acogida de protección internacional».