Parecía que esta vez podría ser posible un acuerdo, al menos porque las conversaciones entre Gobierno, el PP y Coalición Canaria para redistribuir a los menores migrantes de las islas canarias estaban siendo discretas y fuera de los focos. Pero el sábado los populares rompieron de forma sorpresiva la baraja atribuyendo la “suspensión” de las conversaciones a “la respuesta por parte de la Comisión Europea en la que se confirma que España ha renunciado a pedir ayuda a la UE” para la atención de los niños, basándose en una interpretación libre de una carta de Ursula von der Leyen en respuesta a la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat. Tras esa tesis, la realidad es que las autonomías gobernadas por el PP rechazan indignadas la última propuesta que el Gobierno había puesto sobre la mesa al PP para reubicar a los menores, que las obligaba a crear 4.000 nuevas plazas. Pero, además, los populares están presionados por Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, ha condicionado el respaldo a los presupuestos de sus autonomías a “detener el reparto de menas por el territorio nacional”. La dirección del PP desvinculó ayer su ruptura de las conversaciones de la presión de los ultras y respondió retadora a Vox que “las amenazas, con el PP, no surten efecto”.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, el interlocutor de los populares en las negociaciones con el Gobierno y Coalición Canaria, anunció el sábado en sus redes sociales la interrupción de las conversaciones con el argumento de que España ha renunciado a la ayuda de la Unión Europea para hacer frente al problema de saturación asistencial en Canarias por la llegada de menores migrantes no acompañados. El PP defiende esa tesis por esta frase de la carta de Von der Leyen a su portavoz en Bruselas: “La Comisión está lista para asistir a España activando la reubicación de los menores no acompañados y para facilitar el diálogo con los Estados miembros que se han comprometido”. La presidenta de la Comisión ofrece su ayuda, pero no dice que España la haya rechazado, como acusan al Gobierno los populares.

La decisión anunciada por Tellado fue tomada en un reducido núcleo de poder, porque fuentes de la dirección reconocieron a EL PAÍS poco después que la desconocían, como también otros barones populares de peso. De hecho, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, salió el viernes de La Moncloa diciendo que creía que podría haber un acuerdo por cómo había sido su conversación con Pedro Sánchez. En cambio, este lunes fuentes de la cúpula popular insistieron en defenderla y en atribuirla a esa carta de la Comisión Europea. “Es altamente preocupante que el Gobierno reniegue de la ayuda de la UE. Le preguntaremos por qué pide ayuda a las comunidades autónomas del PP y no a la UE, máxime cuando la Comisión y Frontex están preocupados por la actual emergencia migratoria”, incidió también en rueda de prensa el portavoz popular, Borja Sémper.

El portavoz popular Borja Sémper, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede de la formación, en Madrid.
El portavoz popular Borja Sémper, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede de la formación, en Madrid.
FERNANDO ALVARADO (EFE)
El portavoz del PP desvinculó la ruptura de la presión de Vox y se mostró retador ante las amenazas de los ultras de dejar caer los presupuestos de sus Gobiernos autonómicos, lo que anticipa un choque de alto voltaje con la extrema derecha. “Me llama la atención que todavía haya quien no haya aprendido que las amenazas con el PP no surten efecto”, dijo Sémper en referencia a Vox. “Nosotros tenemos una posición política y es la que vamos a defender, le guste a otros partidos o no”, incidió. “Si Vox está en otras cosas, tendrá que explicarlo, como aparentemente parece que está Vox en otra cosa. Aspiramos a que los Gobiernos del PP en las comunidades autónomas sigan ofreciendo y siendo garantía de estabilidad. Nosotros no vamos a estar preocupados ni obsesionados por amenaza alguna ni las que vengan de Vox”, remató.

La dirección de Abascal concentró este lunes en la sede nacional del partido en Madrid a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios autonómicos para coordinar la unidad de acción ante las negociaciones de los Presupuestos regionales, y estableció como condiciones la “lucha decidida contra la inmigración ilegal” así como “promover la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales”, informa Virginia Martínez.

En todo caso, aunque repentina, lo cierto es que la decisión del PP de levantarse de la mesa no choca con lo que días anteriores Génova transmitía del curso de las conversaciones. A la dirección no le gustaba nada la música que le llegaba del Gobierno y la semana pasada fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo relataban lo lejos que veían la posibilidad de un acuerdo. Tanto la cúpula del PP como las comunidades autónomas gobernadas por los populares rechazan de forma tajante la última propuesta del Ejecutivo progresista para la reubicación de los menores migrantes, que como contó EL PAÍS, supone que para beneficiarse de financiación estatal destinada a la acogida de este colectivo, las comunidades autónomas gobernadas por los populares tendrían que crear 4.000 nuevas plazas. Y, según explicaron fuentes conocedoras de ese documento, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —que se han declarado desbordadas— son las que más lejos están de contar con un número “óptimo” de camas para poder reclamar ayuda del Estado.

Fuentes de varias de estas autonomías critican indignadas esa propuesta del Gobierno central, que consideran “una excusa para romper con el PP”. “La Unión Europea está ofreciendo ayudar en el reparto, que el Gobierno deje de buscar triquiñuelas y dejen de mirar a las comunidades autónomas. Están echando balones fuera y juegan al despiste y al enredo”, se quejan en el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, y de forma similar se expresan también en el Gobierno andaluz. Las autonomías del PP sostienen, además, que desde el pasado mes de julio, cuando se celebró la última conferencia sectorial, no han vuelto a tener ninguna comunicación del Ejecutivo central sobre este asunto. En este caso, Génova y las comunidades del PP están alineadas en el rechazo a la propuesta.

La inmigración vuelve, por tanto, al choque entre el PP y el Gobierno en los prolegómenos de un debate clave que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizarán el miércoles en el Congreso. Los dos líderes confrontarán modelos con el presidente poniendo el acento en el respeto a los derechos de los migrantes. Así se lo expresó este lunes Sánchez a una veintena de ONG a las que reunió en La Moncloa, donde les garantizó que España será “un ejemplo en materia de política migratoria y de protección internacional en la UE”. La Presidencia del Gobierno ultima un discurso de Sánchez lleno de datos para luchar contra los bulos alrededor de este fenómeno y dar en España una batalla que en el resto de Europa la mayoría de los progresistas están perdiendo: la de la razón frente a los sentimientos, la de la evidencia empírica frente a las percepciones, el dato frente al relato. Y Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, desplegará todos los datos disponibles, no solo económicos sino también de seguridad para demostrar algo incuestionable desde el punto de vista del Gobierno: la inmigración no solo es necesaria, es positiva y sinónimo de riqueza, porque crece cuando hay bienestar económico, informa Carlos E. Cué.