La inmigración ilegal es un problema que preocupa a España. Cada vez son más los cayucos que llegan a las costas españolas desde África y el número de irregulares en nuestro país se incrementa exponencialmente. Una situación por la que las autoridades se ven obligadas a efectuar medidas, más o menos polémicas. Y un asunto que concierne a los españoles, aunque el resto de Europa también sufre por lo que sucede en sus fronteras con respecto a la inmigración.

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Italia y Grecia son los otros países del Mediterráneo y que, como España, se enfrentan con frecuencia a la llegada de inmigrantes a través de sus costas. Otros europeos como Alemania, Francia o Reino Unido también tienen que hacer frente a situaciones comprometidas en materia de inmigración, ya sea por vía marítima o a través de sus fronteras terrestres.

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En cualquier caso, territorios de la Unión Europea (o dentro del Viejo Continente) afronta una crisis migratoria que, en algunos casos, ha hecho meya en las naciones por diversos motivos y ha obligado a las autoridades pertinentes a blindar fronteras o adoptar posturas más duras con respecto a la inmigración.

Los datos en Alemania obligan al Gobierno a blindar fronteras
Según explica BBC, el número de solicitudes de asilo que experimenta Alemania equivale al total de Francia e Italia juntas. Un país en el que la sexta parte de su población es extranjera, pues los datos de la ONU exponen que de 83,8 millones de habitantes en su totalidad, 15,76 millones son inmigrantes.

El país germano ha sido uno de las naciones europeas que más refugiados ha recibido en los últimos años, y es que según datos de ACNUR, casi 900.000 personas que procedían de países como Siria, Irak o Afganistán (lugares en situación de guerra) llegaron a la primera economía europea en verano de 2015. Así, tras la invasión rusa a Ucrania, más de un millón de ciudadanos ucranianos se han trasladado a las ciudades alemanas.

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Un incremento de la población extranjera que, con las políticas del socialista Olaf Scholz, se ha ido acentuando debido a que muchos reciben el subsidio básico de desempleo o renta ciudadana, conocido como Bürgergeld. Esto ha provocado que partidos del centro democrático hayan pedido su retirada, así como la fuerte subida en las últimas elecciones europeas y regionales de Alternativa para Alemania (AfD), considerado como extrema derecha, y el nacimiento de un nuevo bloque parlamentario asociado a la extrema izquierda. Auge de un extremismo que, por cierto, no se veía desde Hitler y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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En septiembre de este año, el Ejecutivo alemán decidió blindar sus fronteras terrestres para evitar la llegada de más inmigrantes, en especial aquellos en situación irregular, ante las amenazas a la seguridad interna o posible relación con el terrorismo. Cuatro de cada diez delitos en Alemania, según datos de las autoridades germanas, son cometidos por extranjeros. Además, expulsó a más de 10.000 extranjeros en situación irregular en los primeros seis meses del año.

Francia, ante la alerta de un “cambio” en su demografía
La situación política en Francia ha sido similar. En las pasadas elecciones europeas, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen arrolló a los partidos de izquierda y al del presidente francés, Emmanuel Macron. Este se vio obligado a adelantar las legislativas francesas, en las cuales RN (también considerada de extrema derecha) fue la lista más votada (aunque el sistema electoral francés castigó a la agrupación y fue el tercer grupo con más escaños). Una situación la cual se ha suscitado, en gran medida, por la actualidad en la sociedad francesa en relación con la inmigración, sobre todo tras los últimos altercados o atentados terroristas con inmigrantes como protagonistas.

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Según la ONU, un 12,59% de la población francesa ya era inmigrante en 2020, mientras que el prestigioso think thank francés Institut Montaigne alertaba en un informe que ese porcentaje está creciendo con los años y la población francesa está sufriendo “una sustitución demográfica”. En la última década, las solicitudes de asilo y el coste de las prestaciones ha aumentado un 50% en Francia, y mientras la población nativa envejece y su tasa de natalidad baja, la de las personas extranjeras se incrementa, lo que acelera ese “cambio demográfico”.

Si bien los Juegos Olímpicos de París sirvieron de excusa al Gobierno francés para reforzar la seguridad, lo cierto es que los ataques con arma blanca, atentados o alarmas con inmigrantes irregulares o yihadistas que se han producido con frecuencia en el país galo en la última década ha llevado a extremar la alerta antiterrorista.

A finales del pasado año, el gobierno francés promulgó su ley de inmigración en la que se obliga a los extranjeros extracomunitarios que quieran obtener un permiso de residencia a inscribirse en un contrato con el que se comprometen a respetar los principios de la República francesa. Asimismo, la nueva normativa simplificaba los procedimientos de expulsión de extranjeros delincuentes, uno de los objetivos del ministro del Interior, Gerard Darmanin; y también un dispositivo, muy polémico entre la derecha, para regularizar a inmigrantes irregulares que ocupen puestos considerados en tensión.

Italia parece dar con la tecla y Reino Unido quiere copiar su estrategia
Desde la llegada al poder de la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni, las políticas en inmigración han dado un giro considerable. En el último año, Italia ha reducido en más de un 60% las llegadas de migrantes ilegales. Algunas de las claves de este éxito están los acuerdos con Libia y Túnez o la apertura de centros en Albania, y gracias a ello, se ha logrado reducir el problema de la inmigración ilegal que arrastra el país transalpino.

El éxito de Meloni en materia migratoria le ha llevado a recibir los aplausos de otros políticos mandatarios. No solo en España por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sino también del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, reciente ganador de las elecciones en Reino Unido. El “premier” británico estudia la posibilidad de importar el “modelo Meloni” contra la inmigración. Y es que en Reino Unido, los problemas en materia de inmigración también han aumentado en los últimos años. Al cierre del año 2022, Reino Unido ya contaba con un 15% de población extranjera entre su población.

Con el “Plan Ruanda” que prometió el anterior primer ministro, Rishi Sunak, se pretendía conseguir la reducción de la “inmigración ilegal” y así dar “un cambio fundamental” en el enfoque de la migración. Asimismo, la legislación aprobada por el gobierno conservador negaba el acceso a asilo en las islas a cualquier persona que llegara de forma irregular, habiendo atravesado un país, aunque fuera por un período breve de tiempo. No obstante, no obtuvo el éxito esperado, y fue polémica hasta la aplastante derrota de los laboristas en las elecciones de este verano.

Pese a ello, en los primeros meses del año, más de 6.000 personas han logrado llegar a Reino Unido cruzando el Canal de La Mancha, según datos oficiales. Datos que desde el Número 10 se busca revertir y poner fin a un problema que da, como mínimo resultado, el propagandismo extremo, odio interracial o el conflicto entre locales. Ejemplo de ello fue el asesinato en una guardería británica que provocó masivas protestas contra la inmigración, pues se culpaba en un primer momento a un ciudadano extranjero. Tras desvelarse el nombre del culpable, el cual terminaría siendo británico, de nuevo tuvieron lugar continuas manifestaciones aunque, en este caso, del lado antirracista que acusaba a los medios y población británica de “islamófobos”.

Resto de Europa: el modelo sueco de pagar a inmigrantes o el cierre de las fronteras en países vecinos
Pero las principales potencias europeas no son las únicas, pues varios países del viejo continente se han visto obligados a reforzar sus políticas migratorias y extremar la vigilancia fronteriza, sobre todo tras desencadenarse los conflictos en Ucrania o Israel.

Austria estableció controles en las fronteras con República Checa, Eslovenia o Hungría, citando la “alta presión migratoria”; Eslovenia, precisamente, también tiene establecidos controles con sus vecinos, Croacia e Hungría; Dinamarca se ha visto obligada en los últimos años a reforzar la seguridad, en especial por la llegada de ciudadanos kurdos que han generado problemas en el país, y Noruega, que no forma parte de la Unión Europea, tiene restringida la entrada en los puertos que forman parte del espacio Schengen.

Otro caso es el de Suecia, con amplias amenazas terroristas y presión migratoria debido a la guerra de Ucrania o Gaza. Pero Estocolmo ha dado un paso más hacia adelante, y hace unas semanas, anunció que a partir de 2026, los inmigrantes candidatos al regreso voluntario podrían optar a recibir 350.000 coronas suecas (unos 30.000 euros al cambio) como pensión, para que estos puedan volver a su país de origen y así reducir la población extranjera en el país.

En definitiva, giros y vuelcos en la situación migratoria de cada país europeo, que lucha sin cesar contra la inmigración ilegal. Aunque no son situaciones permanentes (y a cada cual más polémica entre la sociedad de cada nación), lo cierto es que muestra la preocupación no solo de la población, sino también de las autoridades, que ven el aislamiento y cierre de fronteras como una medida quizás necesaria, a la vez que obligada.