Se inflama otra polémica en torno a la gestión de la inmigración cuyo único aporte es dilatar decisiones que deberían acelerarse. El constante flujo de personas en busca de su sostenibilidad vital no se va a detener y el bloqueo en la adopción de medidas se arrastra en demasiados niveles de responsabilidad. Así sucede en el ámbito de la política española, donde la saturación de los centros de acogida en Canarias da lugar a un pulso de intereses políticos que imposibilita la toma de decisiones. La gestión del problema es incómoda para todos los partidos y, especialmente, para la derecha, que ha hecho casus belli de la llegada de inmigrantes. El Partido Popular no quiere retratarse en soluciones de cooperación porque debería trasladar a las autonomías en las que gobierna una pedagogía de la solidaridad y la realidad del problema que choca con su discurso electoralista. Por ello, donde debería haber un impulso a la cooperación, hay un freno a la toma de decisiones. Es el caso de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuyo objetivo será permitir la distribución coordinada entre todas las comunidades de los menores migrantes que se hacinan en centros saturados. Donde hoy solo existe una participación voluntaria de las administraciones autonómicas, la reforma facilitará una acción solidaria que automatice en base a parámetros claros esa cooperación y no siga bloqueada. Pero la incomodidad del PP le lleva a huir de la mesa de negociación con excusas ciertamente peregrinas. La última es la supuesta negativa del Gobierno de Sánchez a recibir ayuda de la Unión Europea. Pero la realidad es que el despliegue de varios miles de agentes de Frontex que pide el partido de Núñez-Feijóo no solventa la saturación vigente y no hay una propuesta real de distribución de las personas en el marco europeo. Debería haberla, pero no hay más política europea ahora mismo que el control de fronteras y el rigor en la concesión de asilos. También en ese nivel de gestión falta cooperación entre socios de la UE y las actitudes de los gobiernos no apuntan a una mejora a corto plazo. Hablamos de personas; de refugiados protegidos por la legislación internacional y de menores, por la declaración universal de sus derechos. Sigue pesando demasiado la estrategia de desgaste y el marcaje de la ultraderecha y el PP es rehén voluntario de ambas.