La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha admitido públicamente que están teniendo “problemas” para garantizar los pagos a las ONG que gestionan los centros de menores inmigrantes en las islas en el último trimestre del año.

La advertencia llega hasta el punto que desde la administración presidida por Fernando Clavijo avisan de que varias de estas instalaciones, imprescindibles para hacer frente a la ola migratoria que viven, están en riesgo de cierre.

La consejera Barreto no ha dudado en atribuir gran parte de la responsabilidad en esta situación al “abandono” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de no haber aportado “ni un euro” para la acogida cuando la factura suma ya 165 millones de euros.

Desde el Gobierno de Canarias censuran, por otro lado, que el Ejecutivo central no haya exigido a ninguno de los partidos en el Congreso de los Diputados el voto previo para convalidar un decreto ley pues “no lo ha hecho para ningún otro”.

“No importaría perder votaciones o someterse si se pierden, pero para modificar la ley de extranjería y tratar con dignidad a los menores, sí”, denunció.

La consejera ha insistido en que hay una “gran diferencia” entre el “apoyo” que ofrece el PSOE y el del Gobierno central pues el segundo, tras anunciar una partida de 50 millones para Canarias, lo único que ha hecho es aprobar 30 millones y a “repartir” entre todas las comunidades autónomas.

El PSOE canario ha contratacado al Gobierno de Canarias con críticas a supuesta la falta de agilidad en las pruebas forenses para la determinación de la edad de los inmigrantes a cargo de la administración insular. El Ejecutivo de Clavijo, aseguró la consejera, solo actúa como “ente instrumental” y siempre en cumplimiento de una petición de la Fiscalía.

“Nos solicitan que hagamos las pruebas, bien a Sanidad, bien a nosotros, se hacen y se emite el informe forense”, destacó, en este sentido, Barreto, que volvió a subrayar que es competencia del Gobierno determinar “quiénes son o no son menores” y no de uno autonómico como el suyo.

“Tanto es así que el año pasado, cuando se produjo un colapso a finales de año, es la propia Fiscalía, porque es su competencia, la que solicita al Gobierno de España apoyo para poder desatascar la identificación de las pruebas”, apuntó, de forma clara.

La diputada insular socialista Rosa Bella Cabrera ha cuestiona la “operación de propaganda política, mediática e institucional” puesta en marcha por el Gobierno canario en torno a la reforma de la ley de extranjería, la aprobación de un protocolo propio de acogida de menores y la firma de un pacto migratorio con el PP.

En ese sentido, ha preguntado si con su protocolo territorial, que permanece suspendido cautelarmente por el TSJC, se habría logrado que las pruebas de identificación de edad se realicen de forma “ágil y eficaz”.

La consejera de Presidencia explicó que en esta medida, que ahora no se está aplicando por decisión de la Justicia, se había establecido un protocolo específico para agilizar estas identificaciones ni han externalizado las pruebas pese a que no disponían de los equipos suficientes, “y no han movido un dedo para propiciar que las pruebas se hagan en la isla de llegada”.

Refiriéndose a la pasada legislatura, ha subrayado que se realizaron en el Hospital de El Hierro las radiografías y se externalizaron en un centro de la propia isla las ortopantomografías, agilizándose de esta manera los informes forenses y las resoluciones de Fiscalía.

“¿Vamos a tener que seguir escuchando noticias de niños y niñas esperando en dependencias policiales o en un centro de adultos por una prueba forense?”, se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo regional que asuma sus competencias mientras no se modifique la ley y tomen medidas extraordinarias “para agilizar de verdad y no de boquilla las pruebas y los informes forenses”.