La Policía Nacional ha detenido a un empresario agrario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular en la provincia de Valladolid. El arrestado proporcionaba mano de obra para efectuar trabajos en el campo y para ello recurría a personas extranjeras sin darlas de alta en la Seguridad Social, y que se encontraban en situación ilegal en España. Las pesquisas ejecutadas entre los agentes y la Inspección de Trabajo permitieron localizar a cinco trabajadores en fincas donde intervenía el acusado “en situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud”.

El individuo detenido les exigía más de 10 horas diarias de labor, sin descanso los fines de semana o festivos, obligándolos a trabajar incluso enfermos. La cuadrilla cobraba unos siete euros por hora, pero de ahí se les descontaban tasas forzosas por el transporte y 200 euros mensuales por alojarlos en una “infravivienda en ruinas”. Los extranjeros acataban la precariedad por la promesa de un contrato que nunca llegaba.

La subdelegación del Gobierno de Castilla y León ha informado de que la denominada Operación Baco se tradujo en una detención que se produjo el pasado 27 de septiembre, cuando confirmaron que cinco sujetos estaban siendo explotados laboralmente dada su “situación de necesidad y vulnerabilidad”. La inspección constató esas largas jornadas bajo condiciones abusivas, sin descanso ni opción de reposar si se encontraban enfermos. Todos ellos se hallaban en “situación administrativa irregular y bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud” y eran reclutados a base de mentiras, pues el empresario agrario de la provincia de Valladolid los embaucaba con “falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España”, lo cual nunca sucedía pese a que las víctimas llevaban varios años trabajando para él.

La Subdelegación ha destacado que esta clase de explotación laboral, frecuente en el ámbito agrario, obedece a que su “situación especialmente vulnerable” motivada por una “situación administrativa les imposibilita acceder al mercado laboral, además tienen familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos, por todo ello se ven abocados a aceptar las condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que les son impuestas”.

Cobros pendientes
El arrestado les descontaba de su escaso salario un total de 200 euros al mes por cada persona por ofrecerles un “alojamiento en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción, llegando a pernoctar hasta 15 individuos en temporada alta”. Los extranjeros se hacinaban en ese pésimo alojamiento y aun así tenían que devolverle al empresario diversas sumas por los escasos servicios que este les procuraba. De hecho, les quitaba 2,5 euros diarios a cada uno “en concepto de transporte”.

El hombre se lucraba por las ganancias derivadas de la cuadrilla y la nula cotización o abono de tributos, derivadas de esta relación laboral ilícita. El detenido ni siquiera cumplía su palabra con el sueldo prometido, pues las víctimas “llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión del presunto contrato laboral que el empresario les iba a facilitar para regularizar su situación en España”.