Esta semana la polémica en Navarra ha venido de la mano de Vox. De una propuesta con forma de moción, xenófoba y provocativa pero no vinculante, que la Mesa del Parlamento ha decidido no tramitar y que los socialistas han llevado a la Fiscalía por un posible delito de odio. Si el objetivo de la extrema derecha era hacer ruido, se puede decir que lo ha conseguido.

Hace un año y medio que Vox entró en el Parlamento foral, con apenas dos escaños de 50 y sin capacidad de influencia política. Durante este tiempo sus dos representantes, cordiales siempre en el trato, se han limitado a plantear iniciativas en línea con las del partido en Madrid, cada vez más centrado en la inmigración, gran caballo de batalla de la extrema derecha en todo el mundo. Una bandera que le ha llevado a romper sus pactos con el PP en busca de un espacio alternativo que ya ha tenido éxito en otros países europeos. Francia, Austria, Holanda y Hungría, por poner algunos ejemplos.

Parece claro que la apuesta de Vox en España va a ir también por ahí. Con más razón ahora que la llegada de inmigrantes a Canarias ha protagonizado el verano informativo y la derecha mediática parece haberle dado la espalda en un intento de aglutinar en torno al PP una mayoría alternativa al Gobierno de Sánchez, que no acaba de encontrar un discurso que atienda a las problemáticas locales y concretas, pero cada vez más habituales, que está generando la inmigración.

Este es el contexto en el que la moción de Vox llegaba al Parlamento. Una más de las que ha defendido a lo largo de este año y que le han generado algún choque dialéctico con el presidente del Parlamento. Hasta el punto de que la Cámara debate un código de conducta que evite afirmaciones de índole xenófoba y racista.

Esta vez sin embargo el texto iba más allá. La propuesta de Vox hablaba de invasión y de inmigración ilegal incontrolada. Llegando a acusar a los recién llegados de generar inseguridad a base de “machetazos”, “apuñalamientos”, “actos violentos” y “agresiones sexuales”. Demasiado explícito como para pasarlo por alto. Así que la Mesa del Parlamento, a instancias del PSN, ha decidido “poner pie en pared” y vetar la iniciativa impidiendo su tramitación.

Y ahí la polémica está servida. Porque es la primera vez que se veta una moción en el Parlamento, donde se da paso a todas las iniciativas para su debate y votación posterior. Y porque supone un precedente peligroso. UPN y PP hablan de censura y de vulneración de los principios democráticos, acusando al PSN de querer desviar la atención de la gestión del Gobierno buscando la confrontación con la extrema derecha.

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Una pregunta difícil
Es previsible que Vox recurra ahora a los servicios jurídicos de la Cámara, que en la reunión del pasado lunes ya señalaron que, según la jurisprudencia, no se puede vetar una iniciativa parlamentaria solo por su contenido. Especialmente si se trata de una moción, un texto de posicionamiento político sin consecuencias prácticas. Por lo que es posible que antes o después la declaración acabe llegando al pleno.

Tampoco parece probable que la denuncia ante la Fiscalía tenga mayor recorrido. La labor política está protegida por la Constitución y el propio Amejoramiento reconoce a los parlamentarios la inviolabilidad por sus opiniones en el Legislativo. Un derecho básico que la Justicia puede interpretar –la declaración de independencia de Cataluña era también un posicionamiento político sin vinculación jurídica–, pero es improbable que vaya a ser el caso.

Así que cabe preguntarse hasta qué punto el veto a la moción de Vox ha servido para frenar su discurso xenófobo o ha ayudado a amplificar mensajes que posiblemente hubieran pasado desapercibidos si la iniciativa se tramita con normalidad y la mayoría progresista se limita a responder con silencio y el voto en contra cuando llegue a debate. La respuesta no es sencilla porque hay debates que no se pueden ignorar.

Conviene en cualquier caso elegir bien ciertas batallas, sobre todo cuando lo que está en disputa es la cohesión social y la propia convivencia. Guste o no, Vox tiene representación en el Parlamento y la mantendrá mientras el discurso de la extrema derecha siga teniendo la aceptación y la complicidad de una parte importante del poder político, económico y mediático en España.

Evitar que los mensajes de odio y de miedo calen en la sociedad debe ser una prioridad, tanto para el Gobierno como para el Parlamento de Navarra. Y eso seguramente exige confrontar con todo lo que Vox y sus discursos representan. Pero hacerlo simplemente para mantener la tensión política electoral sería un grave error de consecuencias nefastas para el futuro.