El Gobierno convocará en «próximos días» a las comunidades autónomas para abordar el polémico traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias a la Península. La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones, celebrada ayer, dedicó buena parte de su tiempo a analizar la última crisis migratoria y las quejas del Partido Popular por un reparto que, según denuncian, se ha centrado en sus autonomías. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró que los criterios de distribución atienden exclusivamente al número de plazas disponibles en cada región y nada tienen que ver con el color del partido que gobierna. Aún así, el Ejecutivo atenderá la petición realizada esta misma semana por la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia y convocará una reunión de la Comisión Mixta de Traslados.

A esta cita, para la que aún no hay fecha, se sumará la ya anunciada por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para reclamar solidaridad a las autonomías y descargar de adolescentes los centros de atención a menores de Canarias, hoy abarrotados con 700 chicos cuando su capacidad es de 250. Las conversaciones, en este caso, se mantendrán en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan todos los consejeros autonómicos del área. Fernández de la Vega recordó que el Ejecutivo no puede «obligar» a nada, dado que la tutela y custodia de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades. Sin embargo, aseguró que existe receptividad.

Fernández de la Vega trató de evitar la polémica con la oposición y, en un primer momento, se limitó a hacer un llamamiento al trabajo conjunto «más allá del color político». No obstante, tras las preguntas de los periodistas, negó que las comunidades gobernadas por el PP sean las más solidarias. La consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, aseguró esta semana que en lo que va de año la comunidad ha recibido 6.500 inmigrantes. La vicepresidenta, en cambio, aseveró que hasta agosto el Gobierno autonómico no había ofrecido ni una sola plaza de su Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). En agosto ofertó cien. Otra cosa, dijo, son los centros de acogidas de las ONG, que han recibido alrededor de 2.900.

Tutela y protección

Aún así, en lo que se refiere al problema de los menores, se mostró optimista. La Administración central está dispuesta a financiar los traslados hasta la Península y «establecer el régimen de ayudas necesario» para que este colectivo, el más vulnerable, reciba la atención y la formación precisas. Así lo afirmó la ‘número dos’ del Gobierno, quien también recordó que se sigue hablando con Marruecos para proceder a la repatriación de menores – una medida muy criticada por diversas organizaciones no gubernamentales – siempre «bajo el principio de tutela y protección».

Entre las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros está también la de llevar a cabo un plan de inversiones en los CIE, para atender a los inmigrantes en tanto se llevan a cabo los procedimientos de expulsión. El intento resulta inviable en muchos casos por la falta de acuerdos de repatriación con países como Senegal, Gambia, Malí, Guinea Conakry o Camerún, de donde proceden la mayor parte de los más de 17.000 clandestinos llegados a Canarias este año. «Trabajamos sin descanso para frenar la salida en origen y para que quienes entran en España de manera irregular salgan tarde o temprano, pero los españoles saben que no es una tarea fácil», insistió De la Vega.

El lunes, Rubalcaba viajó a Senegal para firmar un acuerdo similar al existente con Mauritania para la vigilancia conjunta de sus costas. Fernández de la Vega aseguró que lo mismo se hará con otros países. La vicepresidenta anunció también su intención de ‘compartir’ el problema y las soluciones con todos los partidos. Al inicio del nuevo curso convocará una reunión con los portavoces de todos los grupos. Algo similar había sido solicitado ya por el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida.

Además, el Gobierno decidió ayer que comparezcan en el Parlamento los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior, para explicar la labor de sus respectivos departamentos.