Con la crisis por saturación de recursos en Canarias erigido en otro elemento de fricción entre el Gobierno y el PP y con la extranjería ocupando espacio en las agendas española y europea, Junts exige para Cataluña un modelo singular con capacidad para gestionar de forma integral las políticas de inmigración. Es decir, más o menos lo que pide en materia de financiación: una Hacienda propia. Hace ya meses que el PSOE y el partido de Carles Puigdemont pactaron la cesión de las competencias migratorias a la Generalitat. Fue un anuncio, que permitió al Gobierno salvar ‘in extremis’ en enero, recién iniciado el tercer mandato de Pedro Sánchez, dos decretos claves con medidas anticrisis. Y se dieron hasta final de este 2024 para llenar el acuerdo de contenido.

Los junteros, cuyo sostenimiento del Ejecutivo se ha hecho aún más volátil a raíz de la investidura como nuevo presidente catalán, exigen el máximo: si en financiación reclaman un concierto económico, en inmigración reivindican una cesión «integral» de las competencias. Junts siempre ha desvinculado esta negociación de la de los Presupuestos Generales del Estado, que debe incluir cesiones en materia de financiación, de la defensa del catalán y del reconocimiento nacional de Cataluña. El Gobierno y los de Puigdemont llevan meses chocando sobre qué supone eso, la delegación integral de las competencias a la Generalitat en materia de inmigración; si incluye, por ejemplo, el control de fronteras y la capacidad de expulsar migrantes. Entre otras voces del Ejecutivo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado varias veces que quepa hacer esas cesiones dado que son competencia exclusiva del Estado.

En la ponencia sobre el modelo de país que el partido soberanista someterá a sus bases en el congreso que celebrará entre el 25 y el 27 de este octubre en Calella (Barcelona), Junts aboga por la creación de una agencia catalana de inmigración, que sería el organismo, como la agencia tributaria autonómica, que gestionaría esta materia una vez se hayan traspasado las atribuciones tras aprobar una ley orgánica de «delegación de todas las competencias». Según el documento, esta agencia se encargará de «gestionar de forma integral todos los aspectos relacionados con la fijación de cuotas, así como las condiciones de llegada, acogida e integración de los recién llegados». También debería convertirse, según las exigencias de los junteros, en la pieza clave de apoyo y coordinación con los ayuntamientos, además de ejercer de ventanilla única en la gestión de la inmigración.

Se trata de un modelo singular –que de prosperar ahora debería asumirlo el Govern de Illa–porque Junts cree que la «realidad catalana es diferente» a la del conjunto del Estado. Los postconvergentes consideran que el debate sobre la inmigración representa el «más importante» en estos momentos. «La supervivencia de la catalanidad está en riesgo» por culpa de la llegada de personas extranjeras, según la ponencia del partido.

La formación, tal y como proclama Puigdemont, abordará en el congreso una renovación de liderazgos y de discursos. En ese marco, Junts endurecerá su mensaje en la política relativa a los extranjeros ante la irrupción de la extrema derecha independentista en el Parlament, Aliança Catalana, con dos diputados y su posible crecimiento a costa de los del expresident. «La inmigración, correctamente gestionada, es positiva y nos refuerza como país. Por el contrario, la falta de instrumentos políticos y recursos económicos para planificar y ordenar correctamente la llegada, la acogida y la integración de un elevado número de personas puede generar importantes conflictos de cohesión social», advierten los postconvergentes.

Junts se rebeló en julio contra el reparto de menores migrantes diseñado por el Gobierno para intentar solventar el colapso canario, tumbando junto al PP y Vox la reforma la ley de extranjería, y pidió que se excluyera a Cataluña de la ecuación. «Los recién llegados –precisan los independentistas– deberán aprender el catalán y acreditarlo en un período de tiempo razonable». Una gestión de las competencias «con mentalidad de Estado» y pensando en el futuro de Cataluña y en su «viabilidad nacional», recoge el ideario del partido.

El presidente del Gobierno comparecerá el miércoles en el Congreso para dar cuenta de la crisis migratoria. Con el acento puesto en Canarias, pero los de Puigdemont aprovecharán para apretar al líder socialista, al que propinaron un doble revolcón en julio con la ley de extranjería y el techo de gasto; una senda de estabilidad que Hacienda se ha visto obligada a posponer para no perder otra votación y tener más tiempo para negociar con los postconvergentes. Los junteros también se unieron al PP y Vox en septiembre para que no saliera adelante la reforma de la ley para regular los alquileres por temporada.

En la ponencia estratégica que la formación defenderá en su cónclave, Puigdemont no cambia su posición en Madrid. «Es necesario confrontarnos políticamente con el PSOE. Hay que mantener en tensión al Gobierno», señala el documento. Junts cree que solo tiene sentido apoyar al Gobierno, sin formar parte de ningún bloque, si es para defender el catalán, el derecho a la autodeterminación y «poner fin al expolio que sufrimos».