La moción anti – inmigración presentada por Vox en el último pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha concitado el rechazo general de todos los partidos. “Es populismo de manual”, dijo en la sesión la consejera de Políticas Sociales, la popular Marian Orós. Este jueves, la portavoz socialista ha pedido amparo a la Justicia de Aragón para que la alcaldesa, Natalia Chueca, modifique el reglamento de cara a evitar posibles “delitos de odio” en las sesiones plenarias.

La propuesta de la formación de ultraderecha, en la que exigían la “inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en el término municipal”, denunció una supuesta “invasión inmigratoria” promovida – según Vox – “por una élite de Bruselas” que, “en lugar de apostar por el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias y los trabajadores españoles”, trata de “imponer un disolvente modelo de sociedad multicultural”.

El partido ultra insistió en ligar inmigración con delincuencia. “Los españoles de a pie ya están sufriendo en sus barrios las bondades del multiculturalismo: apuñalamientos, machetazos, así como un mayor número de ataques violentos y agresiones sexuales. En suma, una mayor inseguridad. Ello sin olvidar el hecho de que la inmigración masiva pone en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles”, rezaba la moción. Al final, Vox volvió a cargar contra los “burócratas de Bruselas”.

“Es una moción de populismo de manual. Solucionar los problemas, desde luego que no lo soluciona. Está cargada de inexactitudes y de exageraciones, que reducen al absurdo situaciones muy complicadas”, lamentó Marian Orós. Para la consejera de Políticas Sociales, “la inseguridad no tiene que ver con el origen, sino con la pobreza y la exclusión”.

“Solo intentan inocular miedo y negar una realidad que es la que vivimos en nuestros barrios, donde la convivencia es la norma”, argumentó por su parte Suso Domínguez, de Zaragoza en Común. Para el edil, “la migración es un derecho y así hay que asumirlo”.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, fue tajante: “Habría que tipificar esta moción como delito de odio”. “Zaragoza siempre ha sido una ciudad integradora, amable, respetuosa, que ha ayudado al que más lo necesita”, reivindicó la edil socialista.

Este jueves, la propia Ranera ha registrado en la institución del Justiciazgo, órgano que defiende las libertades y los derechos de los ciudadanos, una recomendación para requerir al Gobierno de la ciudad – presidido por Natalia Chueca – que modifique el reglamento orgánico municipal para desarrollar un procedimiento de control de legalidad y constitucionalidad de las iniciativas a pleno, antes de incluirlas en el orden del día, para evitar debates que se podrían tipificar como “delitos de odio”.

Este tipo de discursos se han visto agravados en el último mes, con mociones como la mencionada de Vox, con la finalidad de incitar al odio y promover en la sociedad discriminación, rechazo, desprecio y hostilidad hacia un grupo de personas por motivos racistas, O las declaraciones de una entidad como Red Madre en la sala de prensa de la institución, enmarcando a los inmigrantes en temas de delincuencia, refiriéndose a ellos como “quinquis y pandilleros”.

Ranera ha considerado que “la libertad de expresión en ningún momento puede amparar los discursos de odio”. De ahí que el Grupo Municipal Socialista haya acudido a la Justicia de Aragón para que recomiende a la alcaldesa que ordene este tipo de debates que generan violencia de odio y que incitan a la confrontación, evitando que lleguen al pleno municipal.

En el Ayuntamiento de Zaragoza, ha dicho Ranera, “no podemos ejercer violencia institucional, como le hemos dicho a la alcaldesa. Porque al final, lo que estamos trasladando de la ciudad de Zaragoza es una imagen que no se corresponde con los ciudadanos”. “Zaragoza, históricamente, ha sido una ciudad integradora, acogedora, que ha cuidado al que más lo necesita, y debemos seguir siendo así”, ha concluido.