Una orden interna de la Policía Nacional establece “un control especial de vigilancia” sobre las personas de “origen magrebí” que integran el colectivo de migrantes inadmitidos en el aeropuerto de Madrid – Barajas. La orden, a la que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que “el 100% de los fugados” de las salas donde se concentra a los inadmitidos tienen hasta ahora “origen magrebí”.

El escrito tiene fecha de este jueves, 3 de octubre. El día 30 de septiembre, tal y como describe el escrito policial, “cuatro personas magrebíes” utilizaron el “modus operandi del rififí”, consistente en acceder a la azotea y de ahí a la zona pública de la T2. Por ello, añade, “se hace necesario incrementar las medidas de seguridad”. Consultada la Dirección General de la Policía, un portavoz ha declinado hacer comentarios.

La huida de estas personas se produjo en un momento en el que decenas de ciudadanos con pasaporte marroquí, muchos de ellos saharauis, llevaban semanas atrapados en varias terminales de Barajas tras solicitar asilo a su llegada a España. La mayoría de ellos han partido del aeropuerto de Marrakech en un vuelo con destino final Cuba, pero durante su escala en Madrid aprovechan para demandar protección internacional a las autoridades españolas.

Aunque quienes escaparon tienen nacionalidad marroquí, se desconoce si son en realidad saharauis, dado que el Ministerio del Interior lleva semanas sin diferenciar entre los demandantes de asilo que alegan ser saharauis – y que piden protección precisamente por esa razón – y los marroquíes.

Después de varios intentos sin éxito, el Ministerio del Interior ha devuelto este jueves por la noche a 16 de los solicitantes de asilo saharauis que llevan semanas retenidos en el aeropuerto de Barajas, pese a las recomendaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) de permitir la entrada en España de aquellos que también hayan pedido el reconocimiento de la apatridia, como es el caso de la mayoría, según fuentes jurídicas.

El Código Ético de la Policía Nacional culmina con un decálogo que, en su punto quinto, señala que se debe “evitar toda discriminación por razón de raza, etnia, religión, creencias, sexo, edad, ideología, discapacidad o cualquier otra de similar naturaleza”. Además, la Circular número 2/2012 de la Dirección General de la Policía “sobre identificación de ciudadanos” prohíbe “actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”.

La orden de “Reforzamiento de Seguridad de las Salas Inadmitidos/Asilo de T1, T2 y T4S” va firmada por una inspectora jefe, al mando de una la Sección Operativa de Seguridad Ciudadana de la comisaría del aeropuerto. Esa inspectora jefe tiene a su mando a unos 250 policías nacionales.

A las salas de asilo de los aeropuertos españoles llegan aquellas personas que, una vez aterrizadas, manifiestan en el control fronterizo su necesidad de pedir protección internacional. Este procedimiento – aplicado en los aeropuertos, puertos o puestos fronterizos – es diferente al activado en territorio nacional: se trata de uno acelerado, en el que las autoridades deben responder en un plazo de escasos días si admiten o no esa petición. Una vez presentada, los solicitantes esperan la respuesta en estas salas de plazas limitadas, de donde no pueden salir.

Si la resolución es positiva, estas personas podrán entrar en territorio nacional con un permiso de residencia temporal como solicitantes de asilo. Si es negativa, serán retornados a sus países de origen. En el caso de las peticiones ligadas al estatuto de apatridia, – las que suelen registrar de forma paralela todos los saharauis por no contar con una nacionalidad reconocida, ya que no se identifican como marroquíes – el procedimiento suele tardar más por lo que organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados recomiendan la entrada en territorio español de estas personas para que puedan esperar la resolución del procedimiento en España y garantizar así su viabilidad.

El departamento dirigido por Fernando Grande – Marlaska intentó devolver a los solicitantes de asilo saharauis en varias ocasiones sin haber resuelto los procedimientos de apatridia, a pesar de las advertencias de organizaciones como Jueces para la Democracia y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. A esto se suma la situación de hacinamiento e insalubridad que las organizaciones sociales vienen denunciando desde finales del pasado año por el incremento en la llegada de solicitantes de asilo al aeropuerto madrileño.

Amnistía Internacional ha denunciado en numerosas ocasiones la represión infligida por las autoridades marroquíes contra los intentos de protesta de la población saharaui residente en los territorios ocupados por Marruecos. La organización ha documentado tortura o malos tratos a activistas saharauis, sobre todo después de participar u organizar manifestaciones por la celebración de un referéndum de autodeterminación, ordenado por la ONU en 1991 y que sigue pendiente décadas después.