María Teresa Fernández de la Vega rechazó ayer la polémica creada por varias comunidades gobernadas por el PP, que denunciaron que son castigadas con mayores traslados de inmigrantes que aquellas gobernadas por el PSOE. De forma muy pedagógica, De la Vega explicó que dicho criterio no se puede sostener.

Según la vicepresidenta, el criterio de los traslados y del reparto de los inmigrantes sólo está sujeto a los lugares donde existen centros de acogida con vacantes libres, independientemente de si dichos centros dependen de las propias comunidades autónomas o son gestionados por organizaciones no gubernamentales.

Por ello, explicó que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, hasta el mes de agosto ningún centro dependiente de dicha comunidad autónoma ha ofertado plazas. «Hasta este mes», insistió Fernández de la Vega, «la Comunidad de Madrid no ofreció ni una sola plaza. Ahora, ha ofrecido 100 y las hemos cubierto», afirmó.

Por contra, explicó que las ONG madrileñas – citó a todas las que han colaborado – sí han posibilitado la acogida de 2.990 emigrantes trasladados, dando a entender que éste es el único motivo de que esa comunidad sea una de las que más inmigrantes ha acogido este verano.

Además, De la Vega recordó que los traslados de inmigrantes se hacen desde la etapa en que Mariano Rajoy era ministro del Interior. «Y se hacen igual… bueno, igual no. Se hacen mejor», dijo. En este último aspecto, la vicepresidenta destacó que ahora los traslados se realizan con transparencia y son sufragados por el Gobierno.

La vicepresidenta también quiso lanzar el mensaje de que España sólo busca una inmigración «legal y ordenada», y que todo aquél que haya entrado ilegalmente «saldrá de España más tarde o más temprano».

De la Vega indicó que la inmigración «legal y ordenada» ha aportado mucha riqueza al país. «Es por lo que trabaja el Gobierno: por una inmigración acreedora de derechos y sujeta a deberes», afirmó. Asimismo, se comprometió a acometer un plan para mejorar las instalaciones de los centros de acogida.

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre replicó a la vicepresidenta acusándola de «mentir a los madrileños». El viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente, aseguró que la Comunidad de Madrid tiene 300 plazas «en marcha» para la acogida de subsaharianos – y no las 100 que la vicepresidenta les atribuye – a pesar de no haber recibido «ni un euro» del Gobierno de Zapatero.

A juicio de Clemente, el problema principal no es la primera acogida, sino la posterior integración de los inmigrantes. A este respecto, subrayó que toda la inversión en trabajo social con los sin papeles – 1.400 millones en 2006 – la ha sufragado el Ejecutivo regional.