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El Gobierno brindó este jueves a Bildu su minuto de gloria en pago a su colaboración con el Ejecutivo. Fue la portavoz de los independentistas vascos en el Congreso, Mertxe Aizpurua, la encargada de anunciar un acuerdo a tres bandas (PSOE, Sumar y Bildu) para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en el 2015. Al mismo tiempo expresó su deseo de «una legislatura muy larga y productiva».

El acuerdo no deja de ser un nuevo intento tras el impulsado por el PNV con apoyo de Unidas Podemos y el PSOE en la anterior legislatura y que decayó por la falta de apoyo de Bildu y Esquerra, ya que el texto no incluía la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de la policía y la devolución de inmigrantes en caliente, que ahora sí se contemplan. Ese material policial ya no se utiliza en el País Vasco ni en Cataluña. En el primero fue sustituido en el 2013 por pelotas de foam (espuma) tras la muerte de un aficionado del Athletic. Al año siguiente, se vetó para los Mossos tras el caso de una vecina de Barcelona que perdió un ojo debido a un proyectil de ese tipo en una manifestación en el 2012.

Los de Arnaldo Otegi, los de Sánchez y los de Yolanda Díaz tendrán que negociar para salvar las reticencias de Junts y Podemos al nuevo texto de la ley mordaza, que se denominará Ley orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana, y que vetará el uso policial de las pelotas de goma de modo progresivo para sustituirlas por material menos lesivo. Pretenden aprobarla antes de fin de año. De momento, Podemos ve insuficiente el pacto y cree que solo recoge criterios estéticos, con lo que deja en el aire sumarse al mismo. Por su parte, Junts adelantó que no se adherirá al acuerdo y presentará enmiendas, lo que no implica su rechazo de entrada. El PNV firmará la reforma, pero también tramitará enmiendas para que se mantenga «el principio de autoridad». ERC fue el más proclive a la medida. «También es nuestro acuerdo», valoró Gabriel Rufián.

Puntos cuestionados

El Gobierno y Bildu pactaron abordar las sanciones por «faltas de respeto» y «desobediencia» a la autoridad, y las devoluciones en caliente. El texto recoge que se acabará «con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas, se blinda la libertad de expresión» y se cancelarán si se retracta, mientras que las faltas por desobediencia pasarán de tener carácter grave a leve. Incluyen: a) la desobediencia a la autoridad o a sus agentes para cumplir una orden; b) la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal para no cumplir una orden; y c) la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.

Oposición policial

Todos los cambios esbozados «con los herederos de ETA» han provocado la repulsa de los sindicatos policiales. Jupol considera un «despropósito» la prohibición de usar pelotas de goma y asegura que el texto «pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de seguridad». El SUP cree que se «despoja a los policías» de sus principales herramientas de trabajo. La UFP lamenta la «continua puesta en tela de juicio» de la labor de los agentes y la CEP cree que la reforma anunciada es «el mayor ataque a la operatividad» de los agentes en democracia. Desde la Guardia Civil, Jucil rechazó el pacto porque «pone en peligro la vida de los agentes» al debilitar su capacidad de actuación.

Asimismo, EH Bildu acordó con el Gobierno estudiar «las devoluciones en fronteras desde una perspectiva humanitaria y garantista con los derechos humanos y el derecho internacional». Así, en un plazo máximo de seis meses, «se modificará la Ley de Extranjería para establecer el acceso y evaluación a las solicitudes de protección previamente al proceso de posible expulsión».

El PP ve un pago de Sánchez «en la línea del presos por Presupuestos de Otegi»
El vicesecretario de coordinación autonómica y local del PP, Elías Bendodo, considera que el acuerdo de Gobierno y Bildu para reformar la ley mordaza se enmarca en la política de liberar presos de ETA a cambio del apoyo de la coalición aberzale, lo que Arnaldo Otegi resumió en su día como «presos por Presupuestos».

«Ayer [por el miércoles] el PSOE liberó en el País Vasco al terrorista que asesinó al concejal del Partido Popular, José María Martín Carpena, en el año 2000, y al fiscal Luis Portero», alertó. Según él, es «escandaloso» que los socialistas «saquen de la cárcel a asesinos» y cree que es un ejemplo de que el Gobierno «ha vuelto a activar las negociaciones de presos por Presupuestos» y ya están «dando resultados».

El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que la «cesión» del Gobierno a Bildu evidencia que «la gobernabilidad de España depende, lamentablemente, de Arnaldo Otegi». Tras asegurar que esta reforma «facilita el insulto a los policías», «debilita a la autoridad» y «protege a los violentos», avanzó que si Alberto Núñez Feijoo llega a la Moncloa «revertirá este despropósito». Sémper acusó al Gobierno de «cederle» a Bildu el diseño de las políticas de seguridad ciudadana cuando «es un partido que desprecia a la policía y a la Guardia Civil, y que cree que ETA hizo bien».