Comentar · 0
El asesinato de una joven de 19 años llevado a cabo por un marroquí ha suscitado una gran conmoción en Francia. Sobre todo tras saberse que el autor había salido de prisión unas semanas antes tras cumplir una condena por violación, y que había quedado en libertad a pesar de que era considerado como un hombre peligroso y pesaba sobre él una orden de expulsión del país. Los hechos tuvieron lugar la víspera del nombramiento del nuevo Gobierno de Michel Barnier, en el que quien ocupa la cartera de Interior es Bruno Retailleau, acérrimo partidario de endurecer las leyes en materia de seguridad e inmigración.

En sus primeras declaraciones, Retailleau mencionó su deseo de ampliar la duración máxima de detención de las personas sujetas a la obligación de abandonar el territorio francés (OQTF), al menos «duplicándola» hasta 180 días, y de presionar a los países de origen para que los readmitan a cambio de la concesión de visados, la ayuda al desarrollo y elevar las relaciones comerciales.

En la misma línea, pero sin precisar una agenda, se pronunció Michel Barnier. En su discurso sobre política general ofreció una serie de cifras: la entrega de 2,5 millones de visados a ciudadanos extranjeros solo en el 2023, el registro de 150.000 demandas de asilo cada año, de las que dos tercios son rechazadas, y más de 100.000 órdenes anuales de expulsión, a pesar de lo cual «decenas de miles de inmigrantes siguen viviendo en nuestro país de forma irregular».

Reunión en el Elíseo entre Macron y Barnier.
El nuevo Gobierno francés toma posesión con dudas acerca de cuánto durará
Asunción Serena

Para hacer frente, el primer ministro confirmó que propondrán alargar el tiempo de detención de los migrantes obligados a abandonar el país para dar tiempo a que se ejecute la orden. Y también prometió «controlar mejor nuestras fronteras». Para ello, Francia seguirá restableciendo «todo el tiempo que sea necesario» sus propios controles.

En realidad, Francia restablece los controles de frontera de forma casi continua desde el 2015, bajo el argumento de la amenaza terrorista, la presión migratoria o el control de los flujos en torno a grandes celebraciones deportivas como el campeonato mundial de rugbi el año pasado o los Juegos Olímpicos de este verano. En la actualidad, el control fronterizo está prorrogado hasta el 31 de octubre.

Barnier también dijo que buscará revisar con los países de origen y tránsito de los inmigrantes ilegales los acuerdos firmados hace tiempo porque «ya no se corresponden a la realidad de hoy». Quiere condicionar más aún la concesión de visados a los ciudadanos de esos países, dependiendo de que Francia obtenga o no los permisos consulares necesarios para repatriar a los extranjeros expulsables del territorio galo.

Exigencias de Le Pen

Todos estos anuncios despiertan recelos en parte de su Gobierno, pero responden a las exigencias de la extrema derecha, cuya líder, Marine Le Pen, quiere una nueva ley de inmigración que recupere como mínimo las disposiciones que censuró el Consejo Constitucional este invierno: restricciones a la reagrupación familiar, a los permisos de estudiantes, a la ayuda médica a los extranjeros en situación irregular, el fin del derecho a la nacionalidad francesa de los hijos de extranjeros nacidos en Francia y otras medidas). A falta de estas, Le Pen amenaza con una moción de censura.