Comentar · 18
Cuando el 14 de marzo de 2023 la Comisión del Interior del Congreso firmó el acta de defunción de la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana de 2015, los cuatro puntos pactados entre las fuerzas del Gobierno y EH Bildu ya estaban encima de la mesa, con una redacción casi idéntica. Pero entonces, la coalición aberzale se negó a estampar su firma en un texto que no pusiera fin automático e inmediato a las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla y al uso de las pelotas de goma, cuestiones ambas que, en realidad, no son materia de la ‘ley mordaza’. Los de Arnaldo Otegi ceden ahora aquí porque no hay una prohibición taxativa de las gomas de caucho ni se finiquitan las deportaciones exprés. Los independentistas, además del protagonismo conseguido, sí han arrancado concesiones del PSOE y de Sumar en un aspecto con fuerte carga simbólica para la izquierda aberzale: dulcificar los artículos sobre las faltas de respeto y la desobediencia a los agentes de la autoridad, algo a lo que el Ministerio de Interior se venía negando.

Faltas de respeto a la autoridad

La principal novedad es que, antes, el artículo 37 consideraba una infracción leve es decir, castigable con hasta 600 euros cualquier «falta de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad». Ahora, el pacto apostilla que solo serán sancionables expresiones relevantes, «sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión». Además, se incorpora el perdón si el sancionado«acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones».

Los diputados de EH Bildu Jon Iñarritu y Mertxe Aizpurua, en rueda de prensa.
Sánchez cede ante Bildu y derogará la ley mordaza para consolidar su alianza
Mercedes Lodeiro

Desobediencia a los agentes

Este es el otro punto en el que el PSOE ha cedido, al dar luz verde a que la desobediencia, que hoy es una falta grave penada con hasta 30.000 euros, pase a ser leve. Y que, además, para que se considere la existencia de esta falta, que en el texto actual no se adjetiviza, sí tendrá que ser «manifiesta, clara». El acuerdo sostiene que esa desobediencia solo será sancionable «cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones».

Pelotas de goma

Aunque Bildu, PSOE y Sumar afirman categóricos que «se termina con el uso de las balas de goma, sustituyéndose estos por medios menos lesivos», el documento, en realidad, no acaba como tal con esa utilización. El pacto se basa en la oferta, rechazada en marzo de 2023, de llevar el asunto a una disposición adicional (ya que no es una materia de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana), que prevé «protocolos específicos» a fin de recurrir siempre a los «medios menos lesivos» en la contención de masas.

La propuesta de disposición adicional pactada no habla de prohibir las bolas. Textualmente reza: «Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos». Esta redacción es muy parecida a la esgrimida en su día por el PSOE, Podemos y el PNV y que no satisfizo a Bildu.

Emiliano García-Page en una imagen de archivo.
El socialista Page, sobre el pacto con Bildu: «Si se quitaran ellos la mordaza y pidieran perdón sería suficiente»
La Voz

Devoluciones en caliente

Es la otra cesión de los independentistas vascos, porque el pacto tampoco prohíbe las devoluciones en caliente. Solo acuerda que la futura ley de seguridad ciudadana deberá llevar una disposición adicional en la que el Ejecutivo, en el plazo de seis meses, abordará la modificación de la ley de extranjería para «reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte». La única diferencia con la iniciativa con el texto que el Gobierno y el PNV propusieron en 2023 y que Bildu rechazó es que la reforma legal se haría en un año máximo.