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La política migratoria separa cada vez más a las comunidades con el Gobierno central. Por lo menos así lo entiende el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, que se mostró ayer «poco optimista» sobre la posibilidad de que su Ejecutivo y su partido firmen un acuerdo con el de Pedro Sánchez sobre el reparto a otras autonomías de los 5.600 menores que desbordan las instalaciones de las islas actualmente.

El vicepresidente se mostró en desacuerdo con la versión «filtrada por el Gobierno» de la reunión mantenida esta semana para tratar el tema. «Veo en el Ejecutivo la intención de buscar un culpable, más que una solución, a pesar de que hay una muerte de un inmigrante en el océano cada 45 minutos», dijo Domínguez, que protagonizó un desayuno informativo al que asistieron dirigentes de su partido como la secretaria general, Cuca Gamarra, y el portavoz, Miguel Tellado. Domínguez afirma que «el PP ha estado en predisposición favorable a una negociación desde el minuto uno, mientras que el Gobierno ha planteado una estrategia para dividir al Ejecutivo canario, a las autonomías entre sí y a la sociedad». El vicepresidente canario cree que Sánchez vive «cómodo en esta situación de enfrentamiento. La bronca siempre le ha venido bien. Su objetivo es enfrentar a la sociedad y lo está cumpliendo con la inmigración», dijo.

A Domínguez le presentó Cuca Gamarra y ambos coincidieron en señalar que es necesaria la declaración europea de urgencia migratoria. «¿Por qué si hay una carta de la presidenta de la Comisión diciendo que hay países europeos que aceptan la derivación de los menores no activa el Gobierno esa declaración mediante un sencillo decreto?», se preguntó el vicepresidente, que se quejó de que Sánchez haya dejado «tirada» a su comunidad.

Recurso en el Constitucional

El Tribunal Constitucional estudiará la próxima semana si admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias, actualmente suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes de la corte de garantías informan de que el Pleno que arranca el próximo martes analizará el recurso del Ejecutivo, cuyo ponente es el magistrado conservador Ricardo Enríquez.

Hace diez días, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó que el Gobierno iba a recurrir al Constitucional tras obtener el aval del Consejo de Estado.

En opinión del Gobierno central, el protocolo del Ejecutivo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias. En el protocolo, el Ejecutivo de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida. Y añade que solo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando tenga plazas disponibles. De hecho, dicho protocolo está suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que expone a ese colectivo a un riesgo de desprotección, aunque entiende las quejas del Gobierno autonómico.