Más de nueve años después de su entrada en vigor, parece abrirse un camino claro para —esta vez sí— acabar con los aspectos más regresivos de la ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza. Los dos socios del Gobierno y EH Bildu han llegado a un acuerdo —anunciado ayer y al que ERC y el PNV ya han adelantado que se sumarán— para desbloquear una reforma que llegó a estar avanzada en 2023 y que terminó fracasando por las desavenencias entre los propios partidos comprometidos en la necesidad de cambiarla. Las cuatro principales discrepancias de entonces se resuelven en el pacto con la izquierda aber­tzale, de forma que las pelotas de goma usadas por los antidisturbios se sustituirán progresivamente por medios “menos lesivos” y en seis meses desde que la nueva norma entre en vigor se abordará una reforma de la ley de extranjería para mejorar la salvaguarda de los derechos de los inmigrantes en situación irregular. La intención es poner coto a las llamadas devoluciones en caliente (nada más cruzar la frontera), avaladas por el Constitucional pero muy cuestionadas.

Junto a ello, se delimita la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad en los casos de desobediencia y falta de respeto a la autoridad. El nuevo texto incluirá todos los puntos que ya se acordaron el año pasado en la comisión de Interior del Congreso para cuestiones como suprimir las sanciones por manifestarse ante el Parlamento o modificar el criterio casi absoluto de veracidad de las declaraciones de los agentes.

La ley mordaza, impropia de una sociedad democrática asentada, fue aprobada por el PP en 2015 con sus únicos votos para castigar las movilizaciones que se sucedían en la calle contra las políticas del Gobierno de Rajoy, acentuando el enfoque más represivo de la seguridad y obviando interesadamente que el derecho a la protesta pacífica es esencial en un Estado de derecho.

No hay libertad sin seguridad ciudadana y se debe actuar contra las causas de la inseguridad y la delincuencia, pero también contra sus efectos, que sufren en mayor medida precisamente quienes menos recursos tienen. Pero esa seguridad debe entenderse ligada a la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer las libertades públicas. El propio cambio de nombre de la norma, que pasará a llamarse de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana —y no solo de esta última— es un buen indicio del camino a seguir para materializar el pacto. Un cambio legal, además, que no desprotege a las fuerzas de seguridad, como argumentan sus críticos usando criterios puramente coercitivos.

Como ley orgánica, la reforma necesita mayoría absoluta en el Congreso. Resultaría incomprensible que formaciones como Junts y Podemos, que ayer expresaron su distancia respecto al acuerdo, lo hagan fracasar por razones tacticistas. Más aún cuando ambas han llegado a defender incluso su derogación. En el discurso de la moción de censura que le convirtió en presidente en 2018, Pedro Sánchez consideró urgente una reforma en profundidad de la ley mordaza. La ocasión ha tardado demasiado, y no puede frustrarse.