Mientras en la superficie, la relación entre el Gobierno y Junts bien pudiera parecer como un barco que choca de manera repetitiva contra un iceberg, bajo las aguas, las conversaciones, negociaciones y los gestos se suceden en el marco de una relación que aunque presenta vías de agua permanece aún a flote. En ese tira y afloja, el Gobierno se comprometió ayer con la formación independentista a «resolver» el «problema» de la multirreincidencia después de que Junts volviera a exigir ayer terminar con este fenómeno delictivo.

La promesa parte del propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no tuvo reparos en reconocer ayer la «gravedad del problema» en ciudades como Barcelona, pero para evitar trasladar que era una concesión a Junts añadió que se trata de una circunstancia que se ha incrementado en otros lugares como San Sebastián. «Vamos a estar encima de esto», fue su compromiso durante la Comisión de Justicia en el Senado, abriendo la puerta, incluso, a que el Ejecutivo pueda emprender nuevas iniciativas si fuera necesario.

No es el primer guiño del Gobierno con Junts en esta materia. En septiembre, el PSOE, y también el PP, apoyaron en el Congreso que se iniciara el trámite parlamentario de una iniciativa de Junts para frenar la multirreincidencia, que entre otros aspectos, pide reformar el Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para, por ejemplo, penar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. Los datos que aporta la formación de Puigdemont para justificar su exigencia es que en los primeros seis meses de 2023, solo 269 personas acumulaban 4.000 hechos delictivos.

Ocurre que Junts focaliza esta batalla con el foco puesto en los inmigrantes, con un discurso duro en este sentido, y ahí es donde incluyen en el pack la exigencia de que La Moncloa cumpla su compromiso del traspaso integral de las competencias de inmigración a Cataluña. «La Ley de Extranjería contempla que el extranjero que delinque y que es reincidente hay que expulsarlo», expuso ayer el senador de Junts Joan Bagué. En esta fotografía que dibuja esta formación, reiteró la exigencia del «traspaso» de la competencia de inmigración «para gestionar mejor una cuestión como esta -la de la multirreincidencia de los inmigrantes-».

Exponen desde Junts que así el gobierno catalán, que ahora está en manos del socialista Salvador Illa, podría ocuparse de cuestiones como los «contratos de trabajo en origen» o los «permisos de residencia».

Bolaños esgrimió que ya existe disposición de los juzgados una herramienta informática que permite a los jueces conocer al momento las condenas de una persona o el delito por el que ha sido condenada. Fuentes consultadas por EL MUNDO señalan que, además, existen «posibilidades» y «ajustes» que podrían hacerse para intentar reducir el tiempo que tarda en enjuizarse un hurto; analizar si el número de juzgados existente es suficiente otro aspecto, el de los recursos, en el que incide Junts, que fluya más y mejor la información entre cuerpos policiales; aplicar la agravante de multirreincidencia, recogida en el artículo 66 del Código Penal.

Las personas consultadas por este diario también señalan como punto a tener en cuenta la Comisión de Estudio sobre Multirreincidencia que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por el PSOE, en el mes de abril, y que tiene el objetivo de estudiar las reformas legislativas que habría que impulsar para poder reducir el fenómeno de la delincuencia multirreincidente. Aún no ha presentado sus conclusiones.