En mitad de una nueva crisis que afecta a solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, cuatro ciudadanos con pasaporte marroquí a los que se les había denegado la protección internacional en las últimas semanas se han fugado de la sala de inadmitidos en la que aguardaban el regreso a su país, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio del Interior y de sindicatos policiales. La fuga, en la madrugada de este miércoles, se produjo después de que estas personas forzaran los conductos de aire acondicionado, a través de los cuales pudieron salir al exterior. Esta es la tercera huida de solicitantes de asilo a los que no se les permite entrar en territorio español, tras las dos que se produjeron en enero de este año, cuando un anterior repunte de demandantes de asilo en el aeropuerto condujo a una situación grave de hacinamiento en la que tuvo que intervenir la justicia.

Las salas de las que salieron esos cuatro ciudadanos son las mismas en las que permanecen desde hace más de un mes alrededor de 40 saharauis —con pasaporte marroquí— a los que también se les ha negado el asilo y la solicitud del procedimiento de apátridas a pesar del trabajo de sus abogados y los informes favorables de ACNUR. Sin embargo, según fuentes cercanas al proceso de estos saharauis, ninguno de ellos está dentro de los fugados. Interior, por su parte, no ha aclarado este punto, entre otras cosas porque no distingue entre saharauis y marroquíes y a todos se refiere como ciudadanos de pasaporte marroquí.

El caso de estos saharauis ha puesto, una vez más, en cuestión al Ministerio del Interior por su gestión del asilo en el aeródromo. A pesar de la presión de Sumar, socio de Gobierno, Podemos y un nutrido grupo de activistas por la causa saharaui, el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha negado a aceptar la entrada en el territorio de personas que se han declarado activistas y que alegan que su vida o su libertad estaría en riesgo si son devueltos a Marruecos como pretende el ministerio.

Un portavoz del Sindicato de la Policía Nacional (Jupol) afirma que esta nueva fuga confirma las deficiencias que ese sindicato ha venido denunciando sobre las condiciones de las instalaciones en las que se aloja a los solicitantes de asilo mientras se tramita su petición tras su llegada a Barajas. “Unas condiciones en las que destacan la falta de personal policial para hacer frente a la gran cantidad de inmigrantes solicitantes de asilo”, dice su portavoz. Según la información de ese sindicato, en los últimos meses se han incrementado las llegadas de estos solicitantes a través de vuelos de Royal Air Maroc que tienen destino final en Sudamérica, pero escala en España. Los ciudadanos con pasaporte marroquí, a diferencia de otras nacionalidades, no necesitan visado de tránsito para hacer escala en España por lo que tienen más facilidades para usar esta vía para pedir protección.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) comparte las críticas a las instalaciones y denuncia que “las estructuras que proporciona AENA – el operador del aeropuerto de Barajas – para custodiar a estas personas durante su estancia en las salas de asilo son totalmente insuficientes e inseguras”. Según las cifras de este sindicato, recogidas por los policías que trabajan en esas salas, en este momento hay allí alrededor de 220 personas, distribuidas así: en la sala 1 habría 52 mujeres y 18 menores; en la sala 3, 46 solicitantes de asilo y 27 inadmitidos; y en la sala 4, se contabilizan 78 personas.

Ante esa situación, el sindicato pone sobre la mesa la propuesta de que a los ciudadanos marroquíes y egipcios se les exija una visa de tránsito, pues según la información que han recopilado allí en Barajas es habitual que ciudadanos de ambos países aborden vuelos hacia Cuba, pero en la escala en España pidan asilo y se queden en territorio español. Esta reclamación es contraria a las recomendaciones de las organizaciones que abogan por los derechos de las personas refugiadas, pues la escala en los aeropuertos es para muchos la única manera segura de pedir asilo en un país europeo. Es, sin embargo, la receta que se viene aplicando hasta ahora: cada vez que una nueva nacionalidad despunta en sus solicitudes en un aeródromo español se le acaba aplicando un visado de tránsito.