Juan Antonio Bardem estrena El puente en 1977, una película de enorme inteligencia política que pretendió desmontar, o al menos servir de epílogo, a la comedia desarrollista del franquismo. Cuenta la historia de un mecánico que, tras quedarse compuesto y sin novia, agarra su moto y se lanza a la carretera, dirección Torremolinos, en busca de aventuras.

El viaje compone una road movie castiza por la Nacional IV, donde un genuino representante de la clase trabajadora, interesado tan sólo en las chicas y vivir el momento, va tomando conciencia de la situación de España a cada kilómetro recorrido. Quien lo interpreta es Alfredo Landa, que transformó su carrera a partir de esta película de una manera análoga a la metamorfosis experimentada por su personaje.

Bardem era miembro del Partido Comunista, pero no rueda una película para militantes, sino para el público convencional. Sitúa el foco sobre un tipo desclasado, fotografiando el país existente, no el que le gustaría que existiera, apoyándose en un actor popularísimo con el que muchos podrían sentirse identificados. Parte del costumbrismo, pero lo hace avanzar dándole un contrapunto crítico. Se atreve con un cine que apela a la mayoría.

Eloy de la Iglesia, también director, también con carnet del PCE, estrena un año después El diputado, un genial thriller donde se entrecruzan el terrorismo de extrema derecha y la homosexualidad, un tema entonces tabú también en la izquierda. A lo largo de la siguiente década se convierte en uno de los cronistas principales del cine quinqui, trayendo a primer término la delincuencia, la marginación y el consumo de drogas.

De la Iglesia, que conquista al público a través del escándalo, busca epatar a la sociedad, agarrar la moral burguesa por la pechera y gritarle su hipocresía mientras la zarandea, posiblemente sin acabar de tener en cuenta que el pensamiento de la clase dominante es el pensamiento dominante. Si Bardem comprende, retrata y propone, De la Iglesia se indigna, mitifica e impone.

Esta disparidad constituye algo más que materia para la arqueología cinematográfica o ideológica. Ilustra un debate que afecta de lleno al corazón de la izquierda y que se extiende hasta nuestros días, sobre quién es su sujeto político y cuál es la manera de llegar al mismo. Estas preguntas no parten de un capricho intelectual, sino que surgen candentes de la progresiva irrelevancia de este espacio en toda Europa.

Podemos encontrar un ejemplo práctico de esta discrepancia en la posición que el progresismo toma acerca de la inmigración. En nuestro país, en los últimos meses, esta cuestión se ha vuelto un tema central en la agenda pública, y ha llegado incluso a escalar a la primera posición en la encuesta del CIS como principal preocupación para los españoles.

¿Los motivos? Más allá de la propia elaboración demoscópica, que a los expertos les ha resultado polémica, parece evidente que importa la llegada a nuestras costas de un número mayor de inmigrantes irregulares. Si esto sucede cada verano, la diferencia es que en este hemos sufrido una intensa campaña de la extrema derecha para equiparar inmigración a delincuencia.

El tema es serio y no depende únicamente de los ultras nacionales. Hay que recordar cómo el Reino Unido sufrió a principios de agosto los disturbios racistas más graves en 40 años. También que su génesis fue de todo menos espontánea. Una vez más, los bulos, unidos a la potencia de difusión digital, incendiaron la pradera. Elon Musk, propietario de una de estas plataformas de la mentira, jefe de campaña no oficial de Donald Trump, declaró que “la guerra civil es inevitable”.

Debemos esclarecer si la ultraderecha internacional ha elegido el epígrafe de la inmigración para desestabilizar las democracias europeas. Pero también cómo de seco estaba el campo para que la chispa prendiera. Y esto último, que la izquierda vea a la sociedad como es, no cómo le gustaría que fuera, resulta poco usual. Además vale para no atribuir a los ultras una capacidad omnímoda de manipulación.

Es evidente que la migración está cambiando nuestro continente. En España viven más de ocho millones de extranjeros, cuando en 1998 su número era de 637.000. Si en 2015 llegaban a nuestro país de manera regular algo más de 300.000 personas, en 2022 el número ascendió a 1,2 millones. Además, debemos tener en cuenta que su distribución por el territorio no es homogénea, sino que se concentran en las zonas de menor renta.

Tengan o no una base cierta, las preocupaciones de la población local por los recursos, por la seguridad e incluso por la identidad existen, sobre todo en un contexto tan árido como el de nuestro presente. ¿Atenderlas es comprar los marcos de la extrema derecha? Atenderlas es hacer política con lo real, anticiparse dándoles un encaje progresista para no brindar a los agitadores la exclusiva del tema.

Una parte de la izquierda, bien representada entre los dirigentes, la academia y los medios, está más preocupada por cuestionar la legitimidad de las inquietudes generales que por darles una solución; por buscar un nuevo apellido a la fobia que por atajar las causas que alimentan ese miedo. También por montar procesos inquisitoriales a quien se atreve, tan sólo, describir el escenario. Además, llamar privilegios a los derechos conquistados no parece la mejor idea mientras lo reaccionario galopa a lomos del populismo.

A menudo, la gente no necesita promesas desmesuradas, sino tan sólo saber que alguien se está ocupando de aquello que le preocupa. Los movimientos migratorios son, en nuestra época, el efecto directo de un neoliberalismo depredador con los países de origen y de una globalización que multiplicó los beneficios, pero también las desigualdades. Y los ciudadanos, aun sin tener claros los términos de la ecuación, sí perciben la inestabilidad asociada al fenómeno.

En los últimos 15 años hemos sufrido varias crisis de entidad. La extrema derecha sustenta su auge en ofrecer lugares falsos pero aparentemente seguros frente a estos cambios bruscos. Refugios hostiles con las minorías que hablan sin tapujos a la conmoción de las mayorías, aprovechando que la democracia liberal, maniatada por la ortodoxia de banqueros e inversores, ha reaccionado de manera muy lenta para garantizar el futuro.

Proteger a las minorías supone situar a las mayorías en el centro de la acción política, tanto a un nivel material, garantizando el nivel de vida, como a un nivel cultural, dando al ciudadano medio la relevancia que merece. Sería injusto no hacer notar los cambios producidos en este sentido —cómo después de la pandemia elementos como el trabajo han tomado importancia en la agenda de la izquierda—, tanto como obviar que sigue pesando la inercia de una época de identidades competitivas.

Asumir que existen conflictos centrales no significa condenar al ostracismo problemas de índole particular, sino asegurarnos de que lo específico no sea lo único que importe en el orden de prioridades. No se trata de elegir, sino de dejar constancia de que en estos últimos 20 años la izquierda eligió prestar mayor atención a aquello que nos diferencia en demérito de aquello que nos iguala.

¿Y qué es lo que nos iguala, es decir, cuál debería ser la base para conformar sujetos políticos en el siglo XXI? Pues la participación en la economía productiva, objeto de las clases medias y trabajadoras, frente a la economía financiera, llevada a cabo por especuladores y rentistas. La vivienda, lo laboral o los servicios públicos, la existencia cotidiana, se vuelve más precaria e incierta a medida que una minoría la considera un objeto accionarial.

No se trata tan sólo de bienestar; se trata de no retroceder hasta el feudalismo.