A Monterroso, un pueblo lucense que supera los 3.500 habitantes, llegaron el 29 de agosto 126 personas inmigrantes. Desde entonces, son muchos los vecinos que no han parado de organizar actividades para integrarlos, mientras el alcalde del PP, Eloy Pérez, duda de que estas iniciativas consigan una inclusión real. El regidor insiste en que no se opone a la acogida aunque lamenta la gestión realizada por la Delegación del Gobierno en Galicia y el elevado número de nuevos residentes.

El presidente de la Sociedad Deportiva Monterroso, Balbino Martínez, coordina la recolecta de ropa donada para entregársela a los recién llegados, que todas las tardes acuden al campo de fútbol para disfrutar de las instalaciones, después de que el equipo local les dedicase el primer partido de liga con un discurso de bienvenida y un pasillo en señal de homenaje y respeto. Algunos ya entrenan con el primer equipo y todos le llaman “presi”. Tienen la entrada gratuita para disfrutar de las competiciones. Martínez considera que los nuevos residentes “son un lujo para el pueblo” y cree que revitalizarán el rural, “ahora en declive”. Confiesa que ya conoce empresas industriales, ganaderas y agrícolas interesadas en contratarlos. “Traen una mochila muy cargada y hay que hacerles la estancia lo más llevadera posible”, asegura.

Tatiana De Azevedo, profesora de 40 años, participó en la organización de un pequeño festival de música tradicional gallega como presidenta de la asociación Falcatrueiros. El objetivo era que los nuevos residentes pudiesen conocer mejor la cultura. “Les dimos la bienvenida con canciones y bailes, algunos se animaron a tocar el bombo, el tambor y la pandereta. Fue muy emocionante”, cuenta. Ahora son ellos los que planearán otra actividad para mostrarles sus tradiciones. “Somos un pueblo acogedor”, defiende tras insistir en que el comportamiento de estas personas es ejemplar.

Pero el alcalde cree que “el primer paso de la integración es tener formación y trabajo, no jugar un partido de fútbol o asistir a un concierto”. Asegura que estas personas necesitan un empleo con un salario digno y ve muy difícil que todas puedan tener una ocupación laboral en la localidad. “De momento, no hay una inclusión real, son actos decorativos realizados en días concretos”, asegura tras comentar que estas iniciativas le parecen “un lavado de cara”. Le preocupa que no haya una solución a largo plazo: “Vamos a ver cómo se integra esta gente, si es que lo consigue”.

Luisa Coto, abogada de 51 años en Monterroso, cree que en el Ayuntamiento dieron un discurso mediático inicial inapropiado sobre este tema: “No fue un mensaje constructivo, era un poco alarmante”. Acudió hace un par de semanas a una reunión vecinal convocada por la asociación local Agrocuir, organizadora de uno de los principales festivales LGTBI de España, en la que participaron alrededor de 70 personas. El objetivo era disuadir los rumores falsos y los comentarios racistas que, según aseguran desde la entidad, “confunden e infunden miedo sin razón alguna”.

Durante el encuentro hubo asistentes que solicitaron que los nuevos vecinos pudiesen llegar más tarde del horario establecido al hotel durante el fin de semana de las fiestas de la localidad para poder disfrutar todos juntos de la verbena. Otros se ofrecieron a organizar excursiones para enseñarles los principales atractivos turísticos de Galicia. Algunos docentes jubilados también se mostraron dispuestos a darles clases gratuitas, en caso de que requieran un refuerzo.

Al mismo tiempo, Coto confía en que la alcaldía recule en sus actuaciones al darse cuenta de que la situación no es inquietante. Asegura que la gran mayoría de los vecinos, no la totalidad, están satisfechos con esta llegada que “supone un soplo de aire fresco para la comarca”.

Varios de los jóvenes africanos, con la camiseta y bufanda de la SD Monterroso, el martes.
Varios de los jóvenes africanos, con la camiseta y bufanda de la SD Monterroso, el martes.
Carlos Castro

Mecánicos, agricultores y psicólogos
Monterroso es un villa donde la huella de un pasado emigrante todavía está muy presente. Los padres de Coto se mudaron a Inglaterra para buscar un futuro mejor. Ella asegura que entre los nuevos residentes hay mecánicos, agricultores, ganaderos, psicólogos y hasta un cámara de televisión: “El rural es diversidad y se está demostrando. Si conseguimos que se sientan acogidos, subirá el índice de población y eso es enriquecedor para todos”.

Los recién llegados, de entre 18 y 37 años, están alojados en el hotel Río Ulla y proceden de Malí, Senegal, Mauritania, Marruecos, Nigeria, Somalia y Sudán. Se rodean de un equipo de profesionales dedicados a asistirles entre los que se encuentran un par de profesores de español, tres conserjes, seis técnicos de acogida y dos trabajadores sociales. Reciben clases de lengua castellana todas las mañanas y tienen derecho a contar con asistencia jurídica y psicológica.

El regidor denuncia falta de comunicación oficial sobre la nueva situación que vive la localidad: “En la Delegación del Gobierno me dijeron que, en principio, no iban a venir al pueblo cuando en verano les pregunté un par de veces sobre esto porque había rumores. Días antes de su llegada me confirmaron que sí lo harían, pero tuve que enterarme primero por la ONG encargada de la gestión de estas personas”. Recibió la información por parte de la entidad sin ánimo de lucro el 16 de agosto tras no poder reunirse antes por razones de agenda.

En la Delegación del Gobierno en Galicia aseguran que existe una comunicación permanente y fluida con la Xunta para informarles de los cálculos con los que se trabaja en cada momento. “Cuando se acerca la fecha de llegada, y con la confirmación, se comunica a los ayuntamientos el traslado. Como ha ocurrido en esta y otras emergencias humanitarias la planificación puede variar porque se trabaja con previsiones que se adaptan a las circunstancias de cada momento”, explican. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solo traslada a personas identificadas por la Policía Nacional como adultos. El Gobierno asume el coste íntegro de su alojamiento, manutención y atención social.

Pero, en línea con el discurso de su partido, el alcalde considera que en esta gestión hay improvisación con ausencia de cortesía institucional: “Están repartiendo el problema de Canarias por todo el país de forma desordenada”. Lamenta la “imposición de una nueva realidad” sin disponer de “un estudio sobre la integración de estas personas ni del impacto que tendrá su llegada en los servicios sociales, sanitarios y en la ciudadanía”.

“No actúa con empatía”
Laura Montes, educadora social de 26 años y vecina de Monterroso, se muestra poco satisfecha con el Gobierno local porque “no actúa con empatía al estar aparentemente desaparecido en este asunto”. Entiende que pueda haber disidencias políticas en la gestión realizada, pero considera que no son una excusa para actuar porque estas personas ya llevan más de un mes en la localidad: “Mantienen el silencio, no participan en las actividades solidarias ni en los comunicados de apoyo. Los nuevos vecinos no saben quiénes son sus representantes y ellos quieren quedarse a vivir en el pueblo”.

Montes no considera necesario realizar un estudio de integración porque asegura que este tampoco se lleva a cabo con los veraneantes en el período estival o con los peregrinos del Camino de Santiago. Ella acudió al centro donde están instalados para entregarles información sobre los recorridos del transporte público. “Si en el hotel en vez de alojarse personas solicitantes de asilo se quedasen dos selecciones europeas para jugar un partido de fútbol, no habría esta polémica”, explica. Los malienses en el archipiélago canario son más de 1.000 entre los 5.400 acogidos. El 96% obtienen protección, son refugiados de guerra.

“No me opongo a su acogida, pero son muchas personas en relación con la población, representan el 10% del núcleo urbano, es un número desproporcionado para poderlos acoplar a la vida social y económica. Son humanos, no objetos, y merecen una calidad de vida digna”, explica el alcalde, que no entiende por qué a Monforte de Lemos, municipio lucense de 18.000 habitantes, han llegado menos personas.

Varios de los nuevos vecinos de Monterroso, a las puertas del hotel donde están alojados.
Varios de los nuevos vecinos de Monterroso, a las puertas del hotel donde están alojados.
Carlos Castro
Jesús Pérez, criado en Monterroso, donde ahora pasa largas estancias con su familia, acudió a hablar con la ONG encargada de la gestión para ofrecerle su ayuda “tras escuchar las desafortunadas declaraciones del alcalde en televisión, que no representan el sentir común del pueblo”. Descarta que haya alarma social, como refirió el regidor. Algo con lo que concuerda De Azevedo.

“En verano la población se triplica y no pasa nada, en una situación de emergencia no se debe suscitar la duda sobre un posible colapso de los servicios”, defiende este hombre de 59 años tras pedir que no se politice el asunto y se priorice la ayuda humanitaria. El alcalde asegura que todavía hay vecinos que le llaman preocupados por la situación. “Estas personas acuden a los locales con la intención de tener conexión a Internet, pero no disponen de recursos para consumir y ocupan los sitios de otros posibles clientes”, explica. Teme que la situación acabe generando fricciones.

La propietaria del bar Saavedra, Maripaz, de 59 años, cuenta emocionada que para ella los nuevos vecinos ya son como de su familia. Por ello, les invita habitualmente a tomar café: “Tengo hijos y no me hago a la idea de que se vean en esta situación”. No es la única que desde su negocio tiene un gesto solidario. Por la peluquería de Ana Carballo, de 32 años, ya han pasado 12 nuevos vecinos a cortarse el pelo gratuitamente. “Así les evito ese gasto. La gestión municipal no representa al pueblo en este asunto”, explica. Piensa que el alcalde debió recibirlos cuando llegaron.

La que sí acudió a la recepción de bienvenida fue María Garrido, de 31 años. “Todavía hay mucho margen para hacer las cosas bien, entiendo que para la alcaldía esto también es un reto complicado”, aclara. El regidor asegura que se reunirá con la ONG para ver qué puede hacer, valorará “las necesidades reales de este colectivo” y tomará “decisiones en beneficio de los vecinos”.