La sangre mancha la parte trasera del camión de transporte de ganado. Las puertas abiertas: dentro, se agolpan cuerpos humanos retorcidos entre bolsas de basura negras que usaban como chubasqueros para protegerse de las fuertes lluvias que han castigado estos días Chiapas. Hay dos cadáveres más, caídos sobre la hierba. Pueden verse en las fotografías tomadas con un teléfono de la escena del crimen. Un grupo de 33 migrantes asiáticos, africanos y latinoamericanos cruzaban hacinados el Estado el martes por la noche cuando se encontraron con una patrulla del Ejército. No está claro qué pasó, pero sí el resultado: al menos seis personas asesinadas a tiros por los militares y otros 12 heridos. La última masacre migrante en territorio mexicano.

El Ejército ha reconocido la matanza en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los dos militares acusados de disparar contra los migrantes han sido “separados de sus funciones” y podrían enfrentarse a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que todavía no se ha pronunciado. Chiapas, un Estado tomado por la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, es el principal punto de entrada de migrantes procedentes de Centro y Sudamérica que tratan de alcanzar Estados Unidos. Esta vez, los latinoamericanos eran minoría. En los camiones de ganado viajaban personas de nacionalidad “egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe”.

Cuestionado por EL PAÍS, un portavoz de la Sedena ha indicado que con “nacionalidad árabe” (que no es una nacionalidad, sino una lengua) se refieren a ciudadanos de Arabia Saudí, un país rico en petróleo y poco acostumbrado a utilizar las rutas migratorias mexicanas. Aunque las autoridades todavía no han informado de la ciudadanía de los seis muertos, una fuente cercana a la investigación ha señalado que se tratan de cinco “árabes” y un salvadoreño, nacionalidad que no aparece en el recuento oficial del Ejército.

El suceso, que los militares no han hecho público hasta la tarde de este miércoles, cuando la prensa local ya se había hecho eco de él, ocurrió durante la noche del martes. Los cuerpos no fueron levantados hasta las 3.00 de la madrugada. Según el relato difundido por el Ejército, una patrulla recorría la carretera rural que une los municipios de Villacomaltitlán y Huixtla en busca de posibles traficantes de drogas y de seres humanos. Los coyotes utilizan esta ruta, conocida popularmente como Los Cocos, para sortear los habituales controles migratorios de la carretera Panamericana. A las 20.50, los soldados “detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad”. Siempre de acuerdo con esta versión, el coche trato de huir al reconocer a los efectivos de la Sedena.

Detrás de la pick up, pegados, viajaban los dos camiones de ganado, “camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región”. Presuntamente, los militares escucharon dos “detonaciones”. Dos de ellos abrieron fuego y los acribillaron. El camión que transportaba a los migrantes se salió del camino y chocó contra un árbol. Para cuando los soldados se acercaron, los coyotes habían huido. Ninguno ha sido detenido por el momento. Los militares encontraron decenas de personas en shock que lloraban y pedían ayuda. Los traficantes de personas los habían escondido en la plataforma y el suelo del camión, según ha adelantado El Financiero.

Cuatro de ellos murieron allí. Otros dos, en el Hospital General de Huixtla, donde fueron trasladados. Hay otros 12 lesionados y “17 ilesos”, según la Sedena. Los que sobrevivieron se encuentran bajo el control del Instituto Nacional de Migración. “Los dos militares que dispararon fueron separados de sus funciones y al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que realice las diligencias legales correspondientes y determine y deslinde las responsabilidades que correspondan; sin perjuicio de que la Fiscalía General de Justicia Militar, realice las investigaciones respecto a la disciplina militar”, ha informado el Ejército.

Ni el gobernador en funciones de Chiapas, Rutilio Escandón, ni su sucesor, Eduardo Ramírez, que tomará posesión del cargo en diciembre tras ser elegido en las elecciones del 2 de junio, se han pronunciado sobre la masacre. Ramírez se encuentra de viaje desde esta mañana, según ha anunciado en sus redes sociales, cuando la información de la matanza ya había sido recogida por la prensa local. Escandón ha visitado una escuela durante la jornada. La enésima masacre migrante en México, esta vez a manos del Ejército, llega el día después de la investidura de la primera presidenta de su historia, Claudia Sheinbaum, que tampoco ha hablado de la matanza. Ni siquiera lo ha hecho el Instituto Nacional de Migración, organismo duramente criticado también por violaciones a los derechos humanos.

La relación de los militares con Morena, el partido de Sheinbaum, Escandón y Ramírez, ha sido cuestionada en las últimas semanas. El predecesor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha concedido durante su sexenio un creciente poder al Ejército en labores civiles, como el control migratorio de las fronteras y los aeropuertos, ante las repetidas críticas de la oposición, la academia y distintos grupos de la sociedad civil. El 25 de septiembre, el Senado aprobó también que la Guardia Nacional, que nació como cuerpo civil, pasara a estar bajo control de la Sedena, una polémica medida conseguida en el tiempo de descuento del Gobierno de López Obrador gracias a la mayoría conseguida por Sheinbaum el 2 de junio.

El modus operandi del Ejército suele ser opaco y en casos como este la información que se difunde es mínima. El portavoz militar consultado por EL PAÍS solo ha añadido que la investigación “la van a determinar las autoridades competentes” y que ningún soldado ha resultado herido. Mientras se aclara la matanza, queda la fotografía de los camiones manchados de sangre, una imagen que recuerda a otras recientes y vuelve a poner sobre la mesa la odisea de los migrantes que cruzan México, cercados por las autoridades y el crimen organizado.