El Ministerio de Trabajo ha dado la razón al principal argumento expuesto por la empresa de Nacho Cano en su defensa dentro de la causa que instruye un juzgado madrileño sobre la supuesta situación irregular de sus becarios, entre otros delitos. La Inspección Provincial de Madrid ha certificado que los 17 aprendices mexicanos del musical ‘Malinche’, dirigido por el compositor y cantante, estaban en regla y no tenían por qué estar incluidos en el sistema de Seguridad Social ya que, según precisa el informe remitido a la jueza, hacían una formación «no reglada», es decir, de prácticas no laborales incluidas en su actividad formativa.

El informe del departamento que dirige Yolanda Díaz fue remitido el pasado 25 de septiembre al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid a petición de su titular. Dos meses antes, la magistrada reclamó este documento en el auto que imputó a Nacho Cano y dos empleadas de su compañía por la presunta comisión de delitos contra los derechos laborales de los ciudadanos extranjeros y contra el favorecimiento de la entrada en España de inmigración irregular.

En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se concluye que “no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta”, aludiendo para ello a lo que recoge el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores. Es decir, el que fuera componente del grupo Mecano no se benefició con la actividad de estos becarios, ya que para desarrollar su musical Malinche ya disponía de un equipo de 64 artistas principales. Ahora será la instructora quien determine si se descarta uno de los dos delitos por lo que se abrió la causa, que queda desinflada

En ese sentido, el documento de la Inspección Provincial de Madrid recoge que dichas prácticas remuneradas «han estado dirigidas a completar la formación teórica del becario» y reitera que estos alumnos «realizan una formación no reglada». Por este motivo, aclara en sus conclusiones, dicha enseñanza «no está incluida en el sistema educativo» y tampoco es «necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social», a diferencia de los que ocurre con el resto de integrantes de la compañía.

Actuación por sorpresa
La visita de una subinspectora de Trabajo se hizo «sin previo aviso» a la empresa y a petición de la Policía Nacional el 27 de junio pasado. Para ello irrumpieron con agentes en la parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, donde se encontraban diversas personas recibiendo clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal.

La funcionaria se entrevistó con nueve profesores, algunos trabajadores de Malinche y los becarios y reclamó documentación diversa sobre sus condiciones de empleo. Tras ello, citó los días 16 y 24 de julio siguientes a los responsables de la compañía una de ellas, la investigada Susana Jove, se encarga de la estancia de los aprendices en Madrid y de la academia que tutela su formación, llamada Jana Producciones. Con toda la información recabada ha determinado ahora que “las personas becadas no están bajo el ámbito de organización y dirección del empresario (Nacho Cano) para la obtención de un rendimiento que redunde en la obtención de frutos para el desarrollo del musical”.

En suma, la Inspección de Trabajo ha analizado la documentación sobre la matriculación académica de los becarios; sobre el personal fijo de Malinche que forman parte del elenco principal de artistas, 64 en total; la relación contractual de la empresa con el lugar de ensayo o los planes de estudio de la academia que tutela a los alumnos mexicanos, cuyo cometido es que se formen en España para formar parte del elenco de artistas principales cuando el musical gire por este país.

La defensa de Nacho Cano, según fuentes jurídicas, pedirá al juzgado el archivo de las actuaciones basándose en este informe. No obstante, ya había recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión inicial de la instructora al considerar que las acusaciones en contra del músico se fundamentan en el presunto intento de chantaje que habría sufrido por parte de una de sus becarias contra la que iba a querellarse en otra causa tras reclamarle ella 6.000 euros por daños y perjuicios y que los mensajes de Whatsapp que así lo acreditarían no fueron aceptados por la magistrada. Esta becaria es la denunciante del caso y está previsto que comparezca como perjudicada este viernes en el juzgado madrileño.

Una «persecución política»
Tras conocerse la apertura de diligencias, el pasado 9 de julio el compositor compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa. Durante la misma manifestó que su paso por comisaría se debía a su «apoyo» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, calificando la actuación de «persecución política» y señalando directamente al Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, a través de la labor en este caso del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y del comisario encargado de sus pesquisas, Alberto Carba.

Grande-Marlaska defendió la profesionalidad de la Policía frente a estas críticas asegurando que “no se persiguen personas” sino “hechos” presuntamente delictivos, pero el músico repitió hace que los agentes actuaron contra él como “chulos de Marlaska” y les afeó desempeñarse como “paletos y macarras”. Un sindicato policial anunció que defiende a Carba en la interposición de una querella por injurias y calumnias con publicidad contra Nacho Cano.