El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tendrá que contestar hoy en la sesión de control a una pregunta sobre inmigración a petición de Vox, una competencia cuya responsabilidad radica, principalmente, en el Gobierno central. Pese a que la Constitución Española (artículo 149) establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; Vox sigue insistiendo convencido de que puede sacar rédito político de una cuestión que se ha convertido en una preocupación para los españoles, según el CIS. Por ello, insiste en llevar a Les Corts Valencianes un debate nacional para erosionar el PP.

Al tan denostado CIS se acoge precisamente el síndic de Vox, José María Llanos, “tras el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el cual indica que la primera preocupación de los españoles es la inmigración”, para justificar su interés y preguntar a Mazón por la política del Consell en materia de inmigración ilegal.

Conflicto
La inmigración ya ha provocado un choque entre administraciones pero no al nivel que desea Vox
Fuentes del Consell explicaban a La Vanguardia que su labor respecto a los migrantes se circunscribe a la acogida de menores y está estrechamente ligada a las políticas sociales (de hecho depende de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda), pero es el Gobierno central el que gestiona la política migratoria. De hecho, en esta cuestión han sido ya evidentes los encontronazos entre ambas administraciones, aunque no al nivel que desea Vox. El Consell recuerda que sus centros están saturados y piden más recursos para mantenerlos.

Respecto a los menores lanzaba Vox ayer una nueva reclamación. La formación de ultraderecha pedía que se realizaran pruebas a todos los menores que se encuentran bajo tutela de la Generalitat para determinar su edad. En el mismo comunicado, Vox denunciaba que el coste por mantener a los casi 500 menores no acompañados de la Comunidad Valenciana es de 96.200 euros diarios y anualmente supera los 35 millones de euros.

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Unas cifras que cuadran con las que maneja el Consell que habla de 480 menores con un coste de 200 euros al día. Unas cuantías que les carga de argumentos para reclamar esos recursos extra sin que ello sea una razón para no atender a los migrantes que llegan.

Si el objetivo de Vox de ayer eran los menores no acompañados, la semana pasada era el colectivo migrante en su totalidad. La formación de Santiago Abascal pedía la expulsión de todos los inmigrantes ilegales. Conscientes de que el Consell no tiene competencias en esta cuestión, instaban al Ejecutivo que preside Carlos Mazón a exigir al Gobierno de España esta medida.

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Con este tipo de iniciativas que no tienen ningún recorrido efectivo el PP ya votó en contra de las propuestas de resolución en materia de inmigración de los que fueran sus socios en el debate de Política General, la extrema derecha trata de diferenciarse del partido de Mazón y de buscar un protagonismo que no tienen tras su salida del ejecutivo autonómico. Por ello, aunque sea con Proposiciones No de Ley (PNL) dirigidas más al Gobierno central que al autonómico, Vox intentará que la inmigración siga siendo uno de los debates de la legislatura para disgusto del PP.