Una actitud dialogante y una posible reforma del sistema electoral a cambio de recortes del gasto público. El primer ministro francés, Michel Barnier, hizo este martes esta propuesta a la oposición a su Gobierno durante su discurso de política general. «Nuestro déficit público superará el 6%. Esta situación nos debilita en Europa», advirtió el dirigente conservador desde el estrado de la Asamblea Nacional. La presentación de las directrices de su Ejecutivo estuvo marcada por la complicada situación de las arcas públicas en Francia, así como la elaboración de los Presupuestos del año que viene. Su presentación debía tener lugar este 1 de octubre, pero se aplazó a la semana que viene por la inestabilidad política.

«Nuestra responsabilidad consiste en disminuir esta carga y recuperar los márgenes de maniobra presupuestaria», afirmó Barnier. El ‘premier’ anunció su voluntad de reducir del 6% al 5% el déficit público de cara al año que viene y llevarlo en 2029 al 3%, el tope fijado por las contestadas reglas europeas. Se trata de una modificación de las anteriores previsiones, en las que se apostaba por un 4,1% en 2025.

Pese a ese cambio en el calendario, Barnier anunció recortes. «El primer remedio es la reducción del gasto público», aseguró. El actual borrador de las cuentas de 2025 contempla una disminución de unos 10.000 millones, si se tiene en cuenta la inflación. Pero ese tijeretazo podría acentuarse, lo que representará la primera prueba para el Ejecutivo, el más de derechas que ha habido en Francia desde 2012 y que solo cuenta con el apoyo de 212 diputados de un total de 577.

Jornada de huelgas
Los recortes no solo podrían enfurruñar a la oposición de izquierdas y de la ultraderecha, sino también a la bulliciosa sociedad gala. El discurso de política general coincidió con una jornada de huelgas sectoriales y protestas sindicales en 180 localidades, con un seguimiento limitado. «En el contexto actual (de pérdida de poder adquisitivo), resulta complicado para la gente hacer huelga, pero esto no significa que no haya una rabia social en el país. Y esta puede estallar en cualquier momento», advirtió Jean-Louis Maury, delegado de la CGT, en declaraciones a este periódico desde las primeras filas de la manifestación en París, que reunió apenas unas 20.000 personas, según los organizadores.

Protesta sindical en las calles de París.
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Protesta sindical en las calles de París. AFP
Para intentar que resulte menos dolorosa la píldora de la austeridad —una política arriesgada en un contexto de desaceleración económica—, Barnier se posicionó a favor de una tasa especial y temporal sobre las grandes fortunas y empresas con beneficios más elevados. Aunque probablemente no tendrá un gran impacto en la recaudación fiscal, representaría un matiz respecto a las rebajas de impuestos a los más ricos aplicadas por Macron desde 2017.

El primer ministro apostó, asimismo, por un aumento del salario mínimo del 2% a partir de principios de noviembre. Se tratará de la primera subida desde 2012 más allá de las actualizaciones en función de la inflación. Ese incremento del sueldo mínimo (actualmente de 1.426 euros netos al mes), sin embargo, se queda lejos de la subida de cerca del 15% prometida por la coalición unitaria de la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP), que venció por la mínima las elecciones legislativas del 7 de julio. Tras haber quedado excluidos del Gobierno, sus representantes reaccionaron este martes mostrando tarjetas electorales en el hemiciclo.

«Ante el caos que ustedes nos dejan, tenemos tres prioridades. La primera de ellas es censurar su Gobierno», dijo Mathilde Panot, la presidenta del grupo parlamentario de La Francia Insumisa (equiparable a Sumar o Podemos). Debido a la falta de una mayoría parlamentaria afín, Barnier no se sometió a un voto de investidura. Como compensación, prometió una «actitud dialogante» con todas las oposiciones y abrió la puerta a impulsar un sistema electoral proporcional, en lugar del actual mayoritario a doble vuelta. Además, hizo un guiño a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) reivindicando un alargamiento del tiempo en que los migrantes clandestinos pueden estar retenidos en el equivalente galo de los CIE. Ese periodo ya se había alargado en 2018 de 45 a 90 días.

No obstante, Marine Le Pen, líder de RN, le reprochó su falta de concreción en materia migratoria: «Al escucharle, veo que hace muchas constataciones, pero aporta muy pocas soluciones». A pesar de eso, la dirigente ultra prometió una oposición «responsable» y «constructiva». Confirmó que sus representantes no censurarán, al menos de momento, al Gobierno, lo que deja sin posibilidades de prosperar la moción de censura que presentarán los partidos del NFP. Y que se votará probablemente la semana que viene