La intención de un grupo de diputados de distintos partidos del Bundestag de presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para pedir la prohibición de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha reabierto en este país el debate sobre la conveniencia y posibilidades de éxito de esa iniciativa. Para que la Cámara baja alemana debata y vote una petición de ilegalidad contra un partido son necesarios un mínimo de 37 parlamentarios que suscriban la demanda.

Medios germanos destacan que quienes respaldan la propuesta de acudir al máximo tribunal germano son, sin embargo, muchos más de los necesarios y pertenecen al Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes, ambos en el Gobierno, pero también a la oposición conservadora de la Unión de Cristianodemócratas y Socialcristianos bávaros (CDU/CSU), así como a La Izquierda. Una mayoría simple en el Parlamento germano bastaría para acudir al Constitucional.

Los protagonistas de la iniciativa aspiran a que AfD sea declarada inconstitucional por la corte con sede en Karlsruhe, lo que conduciría a la prohibición de toda actividad y la intervención por parte del Estado de todos sus bienes. En la moción parlamentaria, los diputados acusan a AfD de querer abolir el orden básico libre y democrático y de adoptar una «postura activamente militante y agresiva» contra ese orden básico. La moción del grupo identifica numerosas violaciones de la dignidad humana por parte de AfD, como el llamamiento a lo que Alternativa para Alemania denomina «remigración de millones» de inmigrantes o la deportación masiva y forzosa de ciudadanos extranjeros. La moción también valora numerosas declaraciones de presidentes regionales y nacionales de AfD como violaciones de la dignidad humana de migrantes, musulmanes y minorías sexuales.

Los defensores de la demanda consideran que esa es la única manera de parar los pies a una formación que en las últimas elecciones regionales celebradas en septiembre en tres Estados federados germano-orientales alcanzó sonados triunfos con campañas centradas en exigir la expulsión de extranjeros indeseables y acabar con la acogida de refugiados, pero también con críticas a la Unión Europea y simpatías hacia el presidente ruso, Vladimir Putin. Mientras en Turingia se coronó como primera fuerza política, en Sajonia y Brandeburgo se situó en segundo lugar y estuvo a punto de desbancar a los partidos gobernantes, cristianodemócratas y socialdemócratas, respectivamente. A nivel nacional, los sondeos para las elecciones generales en Alemania en septiembre de 2025 conceden a AfD hasta un 19% de votos, solo por detrás de los conservadores, pero con amplia ventaja sobre el SPD o Los Verdes.

Las dificultades del proceso
Kevin Kühnert, secretario general del gobernante SPD del canciller federal, Olaf Scholz, expresó este martes sus reservas hacia la iniciativa que respaldan al menos una decena de sus correligionarios en el Bundestag. A su juicio, la presentación de una demanda para ilegalizar AfD ante el Tribunal Constitucional es actualmente demasiado arriesgada por la falta de pruebas suficientes para demostrar su inconstitucionalidad. «Prohibir un partido no tiene que ver con que el señor Kühnert lo rechace o piense que es fascista, sino con que en última instancia se puedan presentar a los tribunales pruebas que digan que es claramente contrario a la Constitución y que, por tanto, debe ser prohibido», declaró el secretario general del SPD. «De momento no tengo ninguna prueba de ese tipo. Así que yo diría: mucho cuidado», comentó.

También los líderes parlamentarios conservadores rechazan por ahora tratar de ilegalizar el partido ultraderechista. «No conozco a nadie en el grupo parlamentario de la CSU que apoye esta moción», declaró el máximo representante de los socialcristianos bávaros, Alexander Dobrindt, al diario ‘Augsburger Allgemeine’. Para Dobrindt, la moción prevista «es errónea y contraproducente». El propio canciller federal, Olaf Scholz, afirmó a finales de mayo pasado que prohibir el partido AfD no es un asunto que le preocupe por el momento. Se trata de «un asunto muy difícil en democracia», para el que existen obstáculos muy elevados, comentó el jefe del Gobierno alemán, tras recordar que demandas anteriores contra otras formaciones de ultraderecha mucho más pequeñas y radicales aún no tuvieron éxito en su momento.

En 2017, fracasó por segunda vez un procedimiento de prohibición contra el Partido Nacionaldemócrata Alemán (NPD) de tendencia neonazi. Los jueces de Karlsruhe establecieron entonces que esa formación, sin representación institucional a nivel nacional, regional o municipal, era tan insignificante que no suponía una amenaza seria para la Constitución germana. Sin embargo, a principios de este año, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión de la financiación estatal del partido, que entre tanto se ha rebautizado como Die Heimat, La Patria. En la historia de la República Federal solo una formación política ha sido declarada anticonstitucional por la corte máxima alemana. En 1956 y en plena Guerra Fría los jueces prohibieron toda actividad al Partido Comunista Alemán (KPD).