El Gobierno de Canarias confirmó públicamente ayer que presentará un recurso de reposición contra la decisión del TSJ de Canarias, también conocida ayer, de mantener la suspensión de su protocolo territorial para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Lo hará para defender una medida que consideran que «garantiza la mejor forma de hacerlo» y va en pro de los «intereses y derechos» de este colectivo, como viene cuestionando este tribunal.

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El Ejecutivo de Fernando Clavijo subrayó que el Alto Tribunal de las islas se limita a «ampliar» la medida cautelar de suspender el protocolo aludiendo al interés supremo del menor, pero no «anticipa su decisión sobre su carácter normativo», ni «entra a debatir sobre la cuestión de fondo», que es si se ajusta a la legalidad y vulnera o no derechos fundamentales de los menores.

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Desde la administración canaria ponen el foco en que «no cuestiona» la realidad que justifica la iniciativa y la finalidad pretendida del protocolo territorial , que ellos defienden que «atiende al fenómeno migratorio y a la emergencia» que se deriva de la situación de crisis inmigratoria por la llegada incesante de cayucos con menores a las costas de las islas.

Al mismo tiempo, destaca el Gobierno que en una parte del auto la Sala admite –como ellos defienden como justificación de la medida– el singular impacto que está teniendo la inmigración irregular en Canarias hasta el punto de que «ha sido desbordada notoriamente la capacidad de acogida en el caso de los menores no acompañados» y las cifras de este colectivo de inmigrantes que llegan «no hacen sino aumentar», siendo ya casi 6.000 los que han arribado a las costa canarias solo este mes de septiembre.

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«No le falta razón al Gobierno de Canarias», reconoce el TSJ de las islas en el auto, «cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone» y cuando pone en entredicho «la forma en que se procede a la entrega de los menores».

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El TSJ de Canarias decidió mantener la suspensión como medida cautelarísima, después de que el pasado 20 de septiembre la impusiese, a petición de la Fiscalía Superior, al considerar que ninguna de las razones aducidas por la administración canaria en defensa de su protocolo permite considerar que la medida no pone en riesgo los derechos fundamentales de los menores.

El Gobierno de Fernando Clavijo centró sus alegaciones en que «no hay riesgo ni peligro para el menor» con las condiciones que para su acogida impone esta medida porque «nada se ha innovado» al ser, insistió, una reproducción de otro protocolo nacional aprobado en 2014.

La Justicia canaria considera que esto no es así y el que el Gobierno autonómico omite en sus alegaciones «lo que añade» nuevo y distinto su protocolo al del Estado de hace diez años. Es una novedad, para el tribunal, que sea necesaria «la comunicación previa a efectos de disponibilidad de plazas de acogida y el señalamiento del lugar de entrega y recepción de los menores no acompañados, una vez confirmada la plaza».

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Esta «pretensión de que necesariamente venga a ser observadas antes de la entrega del menor para su cuidado y atención» una serie de requisitos genera a la Justicia de Canarias «fundada y razonable sospecha» de que ralentiza el momento de recepción porque deja de poder realizarse de manera inmediata.

Lo que, a la postre, se defiende en el auto que ha tenido como ponente al magistrado José Suay, provoca que exista un «evidente riesgo de desprotección de los menores no acompañados» y que «repercuta negativamente en sus derechos». Ante esto, considera la Sala necesario mantener en interés del bien supremo del menor el «statu quo» que hasta la aprobación del nuevo protocolo existía para su acogida.

Una medida que, entiende el Alto Tribunal insular, provoca que exista un «evidente riesgo de desprotección de los menores no acompañados y que la dilación en la entrega» a las autoridades insulares, «que tienen confiado su cuidado», está en grado de tener consecuencias negativas «sobre sus derechos».

Todo ello, ha propiciado que el TSJ de Canarias haya decidido «adoptar, por virtud de un principio de cautela, las máximas preocupaciones y mantener la situación preexistente con anterioridad» a nivel de cómo debe efectuarse la acogida y eso pasa por ordenar el decaimiento provisional de la aplicación de este protocolo de la discordia.

En cualquier caso, este Tribunal Superior confirma que «no son suficientes los esfuerzos realizados» y se requiere un trabajo de colaboración «mucho más intensa y completa» para abordar la crisis migratoria, «más allá del encuentro en el seno de una conferencia sectorial» de este pasado julio entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Clavijo. Apela así de nuevo al principio constitucional de «cooperación».