El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, elevará un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) después de que el tribunal decidiera mantener la suspensión cautelar del protocolo de menores migrantes que aprobó el gobierno regional el pasado 10 de septiembre, rechazando así la petición del gobierno de levantar la suspensión.

De esta manera, la Sala de Tenerife confirma la decisión tomada el pasado viernes 20 de septiembre en resolución de una petición de la Fiscalía Superior de Canarias y, aunque entiende los argumentos y quejas del ejecutivo canario sobre «la saturación de los recursos» y «la forma de entrega de los menores», estima que los menores quedarían expuestos a una posible desprotección, tal y como ha informado este lunes el tribunal en un comunicado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz Alfonso Cabello ha defendido este lunes que el protocolo aprobado a nivel regional suponía «un paso adelante» y que su objetivo era «defender los intereses y los derechos» de los menores que se encuentran en Canarias.

Cabello ha destacado que la decisión del tribunal no «entra en el fondo del asunto», ni supone un anticipo de su decisión, ni cuestiona que la finalidad del protocolo era atender «al fenómeno migratorio y a la emergencia», dando de hecho la razón al gobierno canario respecto al «grado de saturación de los recursos de que dispone» y a las objeciones respecto a «la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros a la vista de la documentación aportada».

Sin foto, sin huella y con la misma fecha de nacimiento
En este sentido, el portavoz ha considerado que el protocolo regional mejoraba la atención a los menores para garantizar sus derechos, para que no se limitara en «llevar una relación de nombres sin fotografía, sin huella dactilar, y en las que a todos se les asigna la misma fecha de nacimiento».

En el auto del TSJC dado a conocer este lunes, los magistrados admiten que «no le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta», pero mantienen la suspensión del protocolo al entender que prima el interés superior de los menores migrantes no acompañados rescatados por el Estado en el mar o interceptados a su llegada a la costa por la Guardia Civil o la Policía Nacional, que «quedarían desprovistos de atención inmediata y en situación de desamparo patente».

El tribunal asegura entender las razones esgrimidas por las partes en litigio (la Fiscalía y el Gobierno canario), pero concluye que el Ejecutivo presidido por Clavijo no necesita un protocolo regional para reclamar al Gobierno central que cumpla el protocolo ya existente a nivel nacional desde el año 2014, y considera también como razón de peso que, los trámites que el protocolo canario pretendía exigir a las fuerzas de seguridad antes de entregar a un menor a la comunidad autónoma, podría «ralentizar» la entrega y «perjudicar» a los derechos de los menores.

Tres días de luto ofical en El Hierro

La Junta de Portavoces del Cabildo de El Hierro ha decretado tres días de luto oficial en la isla tras el vuelco de un cayuco que ha dejado al menos 9 muertos y 54 desaparecidos en uno de los mayores naufragios en Canarias de las últimas décadas. El luto, que se inicia este lunes a las 0:00 horas, se suma a los minutos de silencio convocados por distintas instituciones «como gesto de respeto a las personas que han perdido la vida en el mar».