La tragedia que ocurrió en El Hierro la madrugada del sábado pasado ha sacudido a los partidos políticos que, tras dos meses de tensión, se reunieron ayer para abordar el drama humanitario que vive el archipiélago y, en concreto, la modificación de la ley de extranjería para garantizar la distribución obligatoria entre las comunidades autónomas de los menores no acompañados que llegan a las islas.

No se sabe si fue fruto de la casualidad o de la causalidad, pero el Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE lograron compenetrar sus agendas y celebrar esa primera reunión a tres bandas para caminar hacia la modificación legislativa. Según fuentes de las formaciones, el encuentro fue «más o menos bien» y envuelto en debate, ya que «hay que hilar fino», sobre todo, con los criterios que se seguirán para definir los cupos de menores que tendrá que acoger cada comunidad autónoma.

No obstante, trasladan que hay «cierto optimismo» de cara a las negociaciones. Los partidos han optado por reuniones «discretas», y no se han convocado de manera pública para así beneficiar a que el diálogo entre los mismos sea claro y se logre pronto un acuerdo.

El cambio en la norma hará que se puedan descongestionar los recursos de acogida de los territorios de llegada, como el archipiélago, y así poder garantizar una atención digna para los menores.
Por parte del Gobierno estatal asistieron al encuentro los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. Con respecto a los populares estuvo presente el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Y desde Canarias asistió el presidente autonómico, Fernando Clavijo. Aunque no se cerró un acuerdo, sí ha servido para ir acercando posturas y caminar hacia la modificación.

Posturas que, en la toma en consideración de la reforma de la ley en el Congreso de los Diputados celebrada en julio, eran disonantes. El Partido Popular votó en contra de la reforma ese día y, durante el verano, clamaron que no se tuvieron en cuenta sus peticiones.

En agosto, en una reunión «discreta» a tres bandas, el Gobierno central se comprometió a entregar un modelo de distribución tanto al Ejecutivo autonómico como al Partido Popular, para así ir acercando posturas.

Ya en septiembre, el propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, firmó con el Gobierno de Canarias un documento en el que se integraban algunas de sus reivindicaciones, necesarias para apoyar el cambio en la norma. Entre ellas destacaron el establecer el cupo de menores que le correspondería acoger a cada comunidad autónoma y la ficha financiera que se destinará a cada territorio para hacer frente a los gastos derivados de la atención de estos niños y niñas que llegan a las costas sin la compañía de un familiar.