La Fiscalía no está satisfecha con la suspensión cautelar, instada por el propio ministerio, del protocolo aprobado el día 12 por el Gobierno canario, que debía regular la acogida de los menores migrantes sin tutor legal recién llegados a la comunidad autónoma. La fiscal superior de Justicia de Canarias, María Farnés Martínez, ha solicitado este viernes a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y familias, Candelaria Delgado, que inicie los trámites para elaborar un nuevo protocolo que regule todo el proceso: desde la localización hasta su identificación, la determinación de la edad y la puesta a disposición de los servicios públicos de protección. Este nuevo texto legal debe estar desarrollado “de forma conjunta con el ministerio fiscal y los demás organismos, tanto autonómicos como estatales”, ha reclamado la fiscal en su discurso con motivo de la apertura del año judicial en las islas. Martínez, además, ha recordado al Ejecutivo autonómico su “competencia exclusiva para la protección de los menores”.

Fuentes del Gobierno canario han confirmado la recepción de una solicitud para trabajar en un nuevo protocolo, pero matizan: “Entendemos que no está anulado, solo suspendido”. Y concluye su predisposición a colaborar, si se dan las circunstancias: “En cualquier caso, el Gobierno de Canarias siempre se sentará con el Estado para velar por el interés superior del menor”.

La justicia ha neutralizado en la última semana movimientos puestos en marcha por el Ejecutivo que lidera Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en su intento por aliviar la gestión de los aproximadamente 5.400 niños y adolescentes arribados a las islas y presionar para lograr un acuerdo político que permita la derivación obligatoria de los menores. El día 2, Clavijo anunció que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los niños sin tutor que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados. Eso permitía al líder nacionalista sostener que la tutela legal del menor hasta que no se lleva a cabo la entrega corresponde al Estado central. Ese mismo día, además, el Consejo de Gobierno aprobó una disposición que prohibía a las entidades colaboradoras recibir nuevos migrantes sin permiso del Ejecutivo.

Estos movimientos del Ejecutivo culminaron 10 días después: el día 12, cuando el Gobierno del archipiélago anunció un nuevo protocolo de recepción, dentro del protocolo marco estatal de 2014. Este texto legal era clave en esta estrategia, dado que complicaba la recepción por parte del Ejecutivo canario de los menores migrantes no acompañados al condicionarla a una serie de trámites y a la disponibilidad de plazas. Entre otras cuestiones, exigía una reseña previa de identificación, la inscripción en el registro de menores, que se haya celebrado una audiencia previa al menor en presencia de un intérprete y que esta se haya producido con conocimiento de la Fiscalía. Confirmada la disponibilidad de plaza, por último, obligaba a un acto formal de entrega con documentación individualizada y que este se produzca en una comisaría de la Policía Autonómica de Canarias.

La Fiscalía se opuso inmediatamente a este nuevo reglamento. Llegó, incluso, a emitir un duro decreto con instrucciones en el que se advertía al Ejecutivo regional de que podría incurrir en un delito de abandono de menores. El viernes 13 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió el protocolo de forma “cautelarísima”. El Ejecutivo canario ha recurrido esta suspensión. Días antes, la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado había denunciado los acuerdos de Gobierno tomados el día 2. Este miércoles, el TSJC también suspendió de forma cautelar esta instrucción.

Este es el trasfondo en el que se enmarcan las palabras de la fiscal superior de Canarias pronunciadas en un acto al que no acudió ni el presidente Clavijo (de viaje en Cabo Verde), ni la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. En su discurso, Martínez admitió que resulta “muy difícil” proporcionar una “respuesta adecuada” a los menores si no media “un reparto equitativo en todo el territorio nacional”. El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, también ha insistido en la falta de medios para atender a la migración.

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La fiscal alabó, a su vez, “el gran esfuerzo” realizado por el Gobierno canario en la atención de los menores que llegan en pateras y cayucos a las islas y declaró que el ministerio es su “colaborador leal”. Sin embargo, le lanzó veladas advertencias. En primer lugar, la Fiscalía recalcó que antepondrá “siempre” el “interés superior del niño”, que “ha de ser superior a los demás intereses en juego”. También insistió en que la atención a los menores migrantes es una cuestión recogida en el estatuto de autonomía canario, que otorga a la región “la competencia exclusiva para la protección de los menores sin ninguna distinción entre ellos”.

La fiscal también amonestó de forma sutil al Ejecutivo autónomo al subrayar la “preocupación” del ministerio público por “el escaso número de menores que están siendo documentados y la posibilidad de que pudieran salir de los centros de protección un elevado número de ellos”, una vez cumplida la mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia previsto por el reglamento de extranjería. El Gobierno tiene tres meses de plazo para gestionar estos papeles una vez el menor ingresa en un centro. Para ello, Martínez asegura haber convocado desde enero “varias reuniones” entre la Policía, la brigada de Extranjería y la directora general de Protección a la Infancia para establecer “mecanismos ágiles”

La fiscal, por último, se ha referido a los casos de maltrato y negligencias detectado en los más de 80 centros de acogida de las islas. Según afirmó, las secciones de menores de las fiscalías han visitado “en varias ocasiones” los dispositivos —”tanto los que ya existían como los que han tenido que ser aperturados a raíz de la actual crisis migratoria”—, y ha asegurado que “las deficiencias” han sido comunicadas a la dirección general. En este sentido, la fiscal de Menores del Tribunal Supremo, Teresa Gisbert, viajará la próxima semana a Canarias para conocer esta red de acogida y el trabajo que realizan en esta materia los miembros del ministerio público en las islas y para mantener un encuentro de trabajo con Candelaria Delgado.