El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la suspensión “cautelarísima” de su polémico protocolo para la recepción de menores migrantes. En un recurso contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno autonómico solicita el levantamiento de la medida impuesta el pasado día 20 a petición de la Fiscalía Superior de Canarias.

El equipo jurídico canario arguye ante el juez buena parte de los argumentos que ya ha defendido en las últimas semanas, entre ellos que el nuevo protocolo, en vigor desde el pasado día 12, no es diferente al protocolo estatal ya existente desde 2014. El Gobierno de Clavijo defiende también que las nuevas normas son una instrucción interna que solo es vinculante para los empleados públicos y las entidades colaboradoras de la comunidad autónoma y que no cabría impugnación y asegura que es una medida necesaria y adecuada para garantizar la protección de los menores, sin que ello suponga una demora o discriminación en su atención.

El recurso, por último, reclama una mayor implicación del Estado que teniendo en cuenta sus competencias exclusivas en materia de extranjería y asilo, debería abarcar, a su juicio, la gestión de la entrada de menores extranjeros en España, su protección inmediata, y la coordinación para su eventual redistribución a otras comunidades autónomas.

Mientras se mantiene la batalla judicial entre el Estado y la comunidad autónoma a cuenta de las competencias en materia de infancia migrante, la negociación política avanza muy lentamente. La reunión a tres bandas en la que el PP, el Gobierno y Coalición Canaria deben negociar cómo desbloquear la reforma de la ley de extranjería estaba prevista para este miércoles, pero se ha suspendido. Interlocutores de los equipos negociadores han explicado a EL PAÍS que la condición para sentarse en la mesa de negociación es tener claros una serie de datos sobre la capacidad de acogida de las comunidades autónomas, un informe que estaba preparando el Ministerio de Juventud e Infancia y que aún no está listo. El documento del departamento de Sira Rego tiene que sentar las bases y los criterios para establecer cuántas plazas debe tener cada territorio, una información imprescindible para poder negociar una de las exigencias del PP: que el Estado financie la acogida de los niños cuando una comunidad supere el 100% de su capacidad y asuma el gasto y la gestión a partir del 150%.

La crisis de la acogida de los 5.500 menores migrantes que hay en Canarias ha derivado en una crisis política y en un recrudecimiento del discurso migratorio que ha lanzado la inmigración como el principal problema de los españoles, según el CIS. El pacto inicial entre el Gobierno y Coalición Canaria para reformar la ley de extranjería e imponer la distribución de los niños saltó por los aires en julio, cuando la propuesta decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Junts y Vox. Desde entonces se ha endurecido el tono entre Madrid y Canarias, especialmente tras la iniciativa de Clavijo de elaborar este nuevo protocolo para la recepción de los menores en los centros de acogida, una medida que en la práctica supone ser más exigente con la labor policial. Precisamente en su recurso, el Gobierno canario adjunta algunas de las actas policiales que se han entregado a las ONG que atienden a los niños, una secuencia de folios con los nombres de los niños escritos a mano y, todos, casualmente, con la misma fecha de nacimiento: el 1 de enero. Las actas son para Clavijo la representación gráfica del “descontrol” que hay en la identificación y recepción de los niños y de cómo el Estado podría hacer más. El protocolo, en cualquier caso, ha sido contestado no solo por la Fiscalía, que lo considera discriminatorio y advierte de un posible delito de abandono, sino también por el Consejo de Estado que ha emitido un informe favorable para que el Gobierno eleve el asunto al Tribunal Constitucional.

En su recurso, Canarias recuerda, a su vez, que la capacidad del archipiélago está ampliamente desbordada y argumenta que ya se han agotado los mecanismos voluntarios de cooperación entre administraciones. Incide, a su vez, en una idea que ha manejado en repetidas ocasiones el propio presidente Clavijo: la duda de que la responsabilidad del menor recaiga sobre la comunidad autónoma. Al menos no en exclusiva. En primer lugar, sostiene que el marco que establecen las leyes actuales estaba originalmente orientado a menores ya residentes en España, por lo que es “insuficiente” para abordar la realidad actual de menores migrantes. En segundo lugar, sostiene que la competencia de las entidades públicas para asumir la tutela de un menor se basa en el lugar de residencia o donde el menor tenga su centro de vida. Sin embargo, en el caso de menores migrantes rescatados en alta mar, el lugar de arribada (Canarias, en este caso) no puede considerarse la ubicación de residencia en el sentido legal. Se argumenta, en tercero, que la actuación de las autoridades autonómicas es provisional y no implica que la Comunidad Autónoma deba asumir la tutela permanente.