Philippine, una universitaria 19 años, no regresó a casa la noche del pasado 20 de septiembre. Sus padres, alertados por la desaparición, denunciaron el caso y organizaron una búsqueda en el Bois de Boulogne, el gran pulmón verde del distrito 16 de París, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, a unos 500 metros de la Universidad de París-Dauphine, donde estudiaba su hija. Un día después, su cuerpo fue encontrado semi enterrado y con signos de violencia. La noche del lunes, la policía suiza arrestó en Ginebra al principal sospechoso del asesinato: un marroquí de 22 años identificado como Taha O. que entró a Francia por España, que cometió otra violación siendo menor de edad y que, tras pasar cinco años en la cárcel, no fue expulsado del país porque el trámite administrativo entre Francia y Marruecos se demoró. En ese lapso, supuestamente violó a la estudiante.

El caso ha incendiado el debate migratorio en Francia, ya extremadamente inflamado en los últimos tiempos. Justo en el momento en que el nuevo Gobierno del conservador Michel Barnier empieza a recibir las primeras presiones del Reagrupamiento Nacional (RN) de la ultraderechista Marine Le Pen, que tiene la llave de su continuidad, la muerte de Philippine tensa más las posiciones. También en el seno del Ejecutivo, donde la visión sobre este asunto difiere en el Ministerio de Justicia, que dirige el exsocialista Didier Migaud, y en el del Interior, guiado por el conservador Bruno Retailleau. Este último lamentó el asesinato “horrible”. Pero aseguró también que “no se puede solo deplorar o condenar”. “Hay que hacer evolucionar nuestro arsenal jurídico. Y si hay que cambiar las reglas, cambiémoslas”. El caso anticipa ya las tensiones que se vivirán entre los titulares de ambos ministerios, en las antípodas ideológicas, sobre cómo tratar cuestiones como la inmigración.

La Fiscalía de París, según los medios franceses, confirmó que el hombre se encontraba en situación irregular en el territorio francés. “Fue condenado en octubre de 2021 por una violación cometida en 2019, cuando aún era menor de edad, y liberado al final de su condena en junio de 2024”. El sospechoso también tenía una orden de expulsión del territorio francés con la prohibición de regresar en 10 años. Y el día antes de la muerte de Philippine, el 19 de septiembre, fue inscrito en el registro de personas en busca y captura por no cumplir con su obligación de presentarse en la comisaría.

La ultraderecha ha aprovechado rápidamente el caso para denunciar la laxitud de las leyes y de los procesos administrativos franceses frente a la inmigración irregular. Jordan Bardella, presidente del RN, ha sido uno de los primeros en aprovechar la indignación generalizada. “La vida de Philippine le fue arrebatada por un migrante marroquí con una orden de expulsión. Este migrante debía estar en nuestro territorio, pero pudo reincidir con total impunidad. Nuestra justicia es indulgente, nuestro Estado no funciona, nuestros dirigentes permiten que los franceses convivan con bombas humanas. Es hora de que este Gobierno actúe: nuestros compatriotas están enfadados y no se conformarán con palabras”, exigió en un mensaje publicado en su cuenta de X el martes por la noche.

La noche del asesinato, algunos testigos relataron que había visto a un hombre con un pico en la zona. Ese individuo, según la Fiscalía de París, fue días después “identificado y detenido en el cantón de Ginebra”. Según las primeras informaciones, el sospechoso había cumplido cinco años de prisión por otra violación cuando todavía era menor de edad y salió en libertad el 20 de junio. Luego fue ingresado en un centro de detención administrativa (CRA) en Metz. El 3 de septiembre, un juez validó su salida de dicho centro de retención, medida acompañada de un arresto domiciliario y la obligación de presentarse en la comisaría a firmar con regularidad. El 4 de septiembre, Marruecos envió “la autorización de expulsión” a las autoridades francesas.

Taha O. es un ciudadano marroquí nacido en 2002 en Oujda. Según Le Figaro, entró en Francia desde España el 13 de junio de 2019 con un visado turístico, cuando tenía 17 años y fue acogido por el servicio de asistencia social a la infancia del Val-d’Oise. Al final del verano de 2019, violó a una estudiante de 23 años en un sendero forestal en Taverny, en ese departamento. Fue identificado por los investigadores de la Seguridad Departamental del Val-d’Oise gracias a su ADN, detenido y sometido a prisión preventiva. Dos años después, en octubre de 2021, fue condenado por un tribunal de menores a siete años de prisión. Durante su encarcelamiento, no recibió ninguna visita ni llamadas telefónicas.

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El expresidente François Hollande, por su parte, ha pedido mayor celeridad en el cumplimiento de las expulsiones: “La persona en cuestión fue condenada, cumplió su pena, debía ser expulsado o conducido a la frontera y permanecer en un centro de detención administrativa mientras tanto. Debería haber estado ahí, pero al cabo de unos días el juez le permitió el arresto domiciliario. Cuando alguien sale de prisión y debe ser expulsado, se debe hacer lo más rápido posible. Estamos todos horrorizados y hay que preguntarse qué pasó. Hay ejecutar más rápidamente las decisiones que ya han sido tomadas” declaró este miércoles en una entrevista con France Info.