JOAN SAURA

NADIE NIEGA que los inmigrantes tienen iguales derechos y también los mismos deberes
La proposición de IU-ICV y PSOE para extender el derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes legales ha provocado la airada reacción del nacionalismo conservador y ha puesto en evidencia los temores y prejuicios sobre inmigración. Hemos oído opiniones lamentables desde un punto de vista no ya progresista sino simplemente democrático: “una amenaza para el proyecto de país”, “Catalunya no puede regalar derechos” o el requisito del conocimiento de la lengua, la cultura y determinados valores para ejercer el derecho al voto. En un artículo en estas páginas el señor Duran insistía en algunos de estos argumentos.

Son opiniones que me sorprenden y me preocupan. Me sorprende el rechazo de CiU porqué ya hoy los extranjeros comunitarios pueden votar en las municipales y europeas, dándose la paradoja de que un húngaro recién llegado puede votar y un ecuatoriano o un marroquí con años de residencia no. En Europa no es nada nuevo: en Irlanda, Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Bélgica se reconoce el derecho a voto en las municipales a residentes extranjeros no comunitarios. Pero lo que más me preocupa es que, si la opinión del señor Duran es la de CiU, se está rompiendo un pacto existente en la sociedad catalana según el cuál es catalán quién vive y trabaja en Cataluña. Un principio fundamental sobre el que se asienta nuestra voluntad de ser un solo pueblo, sin distinción de origen, condición básica para garantizar la existencia nacional de Catalunya. Ya que Duran menciona en su artículo la memoria histórica, haría bien en recordar el papel del PSUC como motor de integración de la inmigración procedente del resto de España en los años sesenta y setenta. No se trata de dar lecciones a nadie, pero hay que aprender de la historia.

El derecho al voto es una conquista democrática fundamental, que debe estar condicionada exclusivamente a un período de residencia, pero no limitado por unos conocimientos lingüísticos o culturales. En términos democráticos sería una aberración, como la exclusión de derecho a voto por sexo o renta. Pero el derecho a voto es también una forma de evitar la xenofobia y la exclusión, es un factor de incorporación política a la sociedad y, al mismo tiempo, genera un sentimiento de pertenencia al país de acogida.

Dice Duran que con los derechos hay que hablar de deberes. ¿Quién dice lo contrario? Los mismos derechos y deberes que se establecen para el conjunto de la ciudadanía, la misma exigencia en el cumplimiento de la ley, por supuesto. ¿O es que lo que se está diciendo es que hay ciudadanos que tienen que realizar un especial acto de adhesión a nuestro marco legal y a nuestros valores en función de su origen, su cultura o su religión? ¿Los inmigrantes del sur sí pero los extranjeros del norte o del este no?

Es indudable que el derecho a voto no lo soluciona todo. Es imprescindible favorecer el desarrollo de los países empobrecidos, tener una política europea de regulación de los flujos migratorios, una política de acogida eficiente y una potente política social que favorezca al conjunto de la ciudadanía. Pero el reconocimiento de los derechos políticos es un paso fundamental para crear una sociedad cohesionada.

CiU ha reconocido en múltiples ocasiones que nuestra economía necesita la inmigración. ¿Los necesitamos como mano de obra, pero no los queremos cómo ciudadanos? ¿Pueden votar y ser elegidos en las elecciones sindicales pero no en las municipales? Les exigimos que se integren y que adopten nuestros valores constitucionales, culturales y lingüísticos, pero les impedimos ejercer el derecho elemental al voto. ¿En qué quedamos? Rechazar el derecho al voto es una forma de decir que se acepta a los inmigrantes como factor productivo, pero que no son aptos para formar parte de nuestra comunidad con iguales derechos y deberes. Ypor tanto se roza peligrosamente la xenofobia, al generar una desconfianza ante la diferencia, que puede convertirse en rechazo al inmigrante como ciudadano y vecino. Y lo que este debate pone en evidencia es que la derecha catalana no está en condiciones de liderar Catalunya para hacer que en el siglo XXI seamos también un sol poble.