La propuesta estrella del ticket presidencial republicano para los comicios del 5 de noviembre es llevar a cabo una deportación masiva de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos en una situación irregular, por utilizar una expresión políticamente correcta. Este colectivo sin papeles se estima comúnmente en unos 11 millones de personas, pero tanto Donald Trump como su candidato a la vicepresidencia, el senador JD Vance, lo han elevado hasta los 15 millones, incluso a 20 millones. Acusados, en cita literal de Trump, de envenenar la sangre de la nación, también se les atribuye todo tipo de delitos, lo que ninguna estadística solvente prueba. Por cierto, los 20.000 haitianos de Springfield, Ohio, que en opinión de Trump y Vance supuestamente se alimentan de los perros y gatos locales residen legalmente en Estados Unidos.

Analistas citados por el Financial Times situaban recientemente el coste potencial de esta deportación en unos 300.000 millones de dólares si el colectivo afectado fuera de 11 millones de personas, que podrían llegar a los 500.000 millones si afectara a 20 millones. El presupuesto conjunto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., CBP en sus siglas en inglés, y del resto de los organismos que se dedican al tema apenas llega a los 30.000 millones de dólares. Al margen de que el Congreso difícilmente podría llegar a bendecir tan descomunal factura, los problemas legales, logísticos y humanitarios de una propuesta tan radical son apocalípticos.

El coste potencial de la propuesta de Trump y Vance se sitúa en 300.000 millones de dólares
Para empezar, no habría cárceles suficientes para albergar a tanta gente, por lo que habría que improvisar centros de internamiento de siniestro recuerdo, como los que retuvieron a la población de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, es lógico pensar que muchos de estos migrantes indocumentados tienen hijos nacidos en suelo estadounidense y por tanto ciudadanos norteamericanos de pleno derecho no susceptibles de deportación. En fin, las fuerzas policiales locales difícilmente podrían asumir esta misión, por lo que habría que contar con la Guardia Nacional e incluso con el ejército, lo que plantea evidentes embrollos constitucionales.

Volviendo al terreno de la intendencia y en una economía en práctico pleno empleo, prescindir del 4,5% de la población laboral del país, que en ese porcentaje se estima el peso del colectivo en situación irregular, introduciría fuertes tensiones en sectores como la construcción, la hostelería o las manufacturas tremendamente difíciles de superar.

En todo caso, si hay que aplicar a la propuesta el mismo estándar de credibilidad aplicable a la promesa estrella de Trump en la campaña del 2016, ese beautiful muro con México que supuestamente blindaría la frontera, el margen para la incredulidad es amplio. A pesar de que se reforzaron barreras a lo largo de unos 700 kilómetros, el tramo estrictamente nuevo apenas llegó a los 80 kilómetros y costó una fortuna, más de cinco veces más por milla que los tramos erigidos en las presidencias de George Bush júnior y Barack Obama. Fue tal la chapuza para financiarlo –ante la oposición del Congreso, Trump echó mano a fondos dependientes de la Secretaría de Defensa– que no se sabe a ciencia cierta cuánto costó la broma, pero parece ser que no bajó de los 15.000 millones de dólares, sin que la porosidad de esa frontera haya disminuido en lo más mínimo. Por supuesto, el Estado mexicano no aportó ni un solo peso, en contra de las promesas en ese sentido formuladas por Trump.

Lo inquietante del caso es que una reciente encuesta revelaba que un 54% de los consultados está a favor de las citadas deportaciones masivas, una muestra fehaciente del populismo desbordado.