El fenómeno de la inmigración ilegal vive momentos críticos en España. Cada día desembarcan en Canarias cientos de personas en pateras desbordando los recursos disponibles y multiplicando el trabajo de las entidades sociales que les prestan una primera atención. Lejos de dar una respuesta integral, el Gobierno viene practicando una política de reparto por toda España para aliviar el colapso de los centros de acogida.

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En Andalucía la situación no es tan extrema, pero el reguero de pateras continúa siendo constante en el Estrecho, con las costas de Cádiz y Almería como principales puntos de llegada. La comunidad autónoma, igualmente, recibe a inmigrantes procedentes de Canarias provocando el recelo de las administraciones locales. La última operación de estas características tuvo lugar en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a donde llegaron más de un centenar de inmigrantes. Están alojados en un hotel de la localidad y la propia alcaldesa socialista se quejó de la falta de información procedente del Ejecutivo.

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La cara más cruel de este drama es más visible en los menores migrantes no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable. La red de atención a estos menores extranjeros, que no tienen familia directa una vez que llegan a España, está saturada en Andalucía actualmente y ya lo estaba en 2018. De hecho, según la «Estrategia andaluza para la inmigración 2021-2025: inclusión y convivencia», en ese año se registraron 7.783 nuevos ingresos de niños sin referentes en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía, lo que suponía un crecimiento de un 135% respecto al año anterior. Los datos para el primer semestre de 2019 reflejaban de nuevo un incremento del 31%, habiéndose atendido a 4.369 menores.

El Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en 2019 contaba con una red de recursos residenciales, tanto para menores extranjeros como para nacionales, de 2.359 plazas. De ellas, 1.927 estaban gestionadas por entidades colaboradoras y 432 directamente por la Junta. Además de estas plazas, por el incremento de llegadas de menores extranjeros no acompañados que se produjeron, la Consejería de Igualdad amplió las plazas en 1.620 a través de dos convocatorias de subvención.

Sobre este asunto ha puesto la lupa recientemente la Fiscalía Superior de Andalucía. En su memoria anual, alerta de que los servicios sociales «no están dando cumplimiento» a todo lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección jurídica del menor y ello conlleva que no se esté desplegando «todo el arsenal de medios» que la ley prevé para situaciones de riesgo en menores. El informe alude a un «desbordamiento de trabajo» en las fiscalías provinciales y reclama un incremento en el número de funcionarios, además de advertir sobre numerosas «deficiencias en el programa de gestión de expedientes».

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Las cifras, correspondientes al ejercicio 2023, apuntan a más de 6.000 expedientes de riesgo en el conjunto de la comunidad. Esto conlleva, según advierte, «que no se produzcan a día de hoy declaraciones de riesgo ni se lleve a cabo la intervención de los mismos en los términos» previstos en la normativa. Ello, «pese a los innumerables requerimientos que en este sentido se les han dirigido por parte de este Ministerio Público».

La Fiscalía Superior alude igualmente a un aumento generalizado en el número de menores extranjeros no acompañados. En Granada, por ejemplo, se han incoado 144 expedientes frente a los 37 del año 2022 y en la actualidad hay 175 menores extranjeros tutelados por la Junta de Andalucía, sin que se haya producido repatriación alguna.

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En Almería hay 224 expedientes, con una repatriación; Jaén 27 expedientes; Sevilla se caracteriza por una «avalancha de expedientes de determinación de edad desde agosto a final de 2023».

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Respecto a la entrada de menores acompañados de un adulto de referencia, las fiscalías hablan de que en el presente ejercicio ha disminuido la entrada, con la preocupación de todas las secciones de la dificultad de aplicar medidas de protección dada la movilidad de estos jóvenes.

Este asunto llega al Parlamento andaluz a través de sendas proposiciones no de ley de PP y Vox, que no pudieron defenderse al suspenderse la última sesión plenaria. Los populares reclamaban al Gobierno un «fondo de contingencia» para acoger a los menores no acompañados. Por su parte, el partido de Abascal exigía la expulsión inmediata de los inmigrantes que accedieran ilegalmente al territorio español.