ientras la política migratoria, en el tema de los menores extranjeros no acompañados, adolece de falta de acuerdos, por discrepancias partidistas en esta materia, la tozuda realidad que muestra la incesante llegada de aquellos a las supersaturadas Canarias y Ceuta obliga a buscar soluciones. Las que han ido desde una reunión fuera de los focos mediáticos el 12 de agosto, con la presencia del Gobierno central del canario y del PP en busca de un acuerdo de condiciones de reparto de menores migrantes, sin que por el momento haya una respuesta definitiva, hasta la confección de un plan estratégico, a cargo del Ejecutivo de Sánchez, basado en un diagnóstico del número de plazas disponibles por cada territorio, para la acogida de niños y niña, que sirva para solicitar recursos y posibilitar programas europeos de acogida y resguardo de la infancia solicitante de asilo, y así materializar una política de acogida en territorio de la UE. Soluciones que parecen parches y actuaciones movidas por la necesidad a causa de la grave situación que se vive y que, en todo caso, ya se deberían haber tomado hace tiempo.

Precisamente en busca de acuerdos se pronunciaba en agosto en este periódico la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, en torno a un Plan de Contingencia, que está siendo elaborado por las instituciones vascas (Gobierno Vasco y diputaciones forales), en diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, para dar «una respuesta, a la que sumar las capacidades de todas las instituciones, ante una situación extraordinaria». Con todo, más allá de la imprescindible necesidad de acuerdos, se subraya en sus palabras un sesgo de carácter humanitario, de valoración del problema humano que conlleva un asunto como este y que con frecuencia suele ser olvidado en el debate político. Así, dice Melgosa que se trata de «acuerdos que posibiliten respuestas adecuadas y sostenidas en el tiempo porque tienen que ver con proyectos de vida». Igual que «un acuerdo responsable debe descansar en la legalidad internacional, en la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto en los países de origen, como durante el tránsito y en el principio ético de tratar a otras personas como quisiéramos que nos trataran». Todo esto me lleva a traer a colación el respeto escrupuloso que habría que tener hacia los derechos de la infancia, unos derechos que, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, y que lastimosamente se ve que los países de origen, tales son sus condiciones, hacen caso omiso de ellos.

No vendría mal recordar algunos, acaso, los más relevantes de esos niños, niñas y adolescentes que llegan a un primer destino español y europeo, tras pasar por situaciones infernales. Se podría decir que el principal de ellos es el derecho a la vida. Cada niño lo ha de tener y es competencia de los gobiernos asegurar que los niños y niñas sobreviven, crecen y se desarrollan alcanzando su mayor potencial. De este derecho, a su vez, uno segundo, el de la salud y cuidados, resulta innegable. Otro, no menos importante, es el derecho a la protección, frente a la violencia, los malos tratos, la explotación, los abusos. «Más de uno de cada ocho personas migrantes es un niño», según Unicef, y es sabido que en el proceso migratorio la posibilidad de ser víctima de trata explotación o violencia se multiplica. En cuanto a este derecho, más allá de estas vulneraciones citadas, convendría añadir la que se genera por la misma situación de desamparo del menor no acompañado y la posible falta de laxitud o de un entorno adecuado a la hora de escucharle una vez arribado a puerto. Otro derecho sería a la educación, una inclusiva y de calidad, a ser posible, desde las primeras fases, que le permita desarrollarse física y mentalmente hasta el máximo de sus posibilidades. Igual que el derecho al juego –y a reír y a soñar–, aspecto fundamental en su desarrollo. Teniendo en cuenta que «uno de cada tres menores de cinco años en el mundo no está registrado» (Unicef), el derecho a la identidad de estos menores que llegan sin familiares se hace más que necesario. Por último, no habría que olvidar su derecho a la intimidad y a la vida privada, aun en las condiciones que se tengan en la red de centros de acogida.

Por lo demás, retomando la dinámica política sobre este tema habría que anotar que el Gobierno canario recoge ahora el rechazo del Ejecutivo central, al acordar remitir este al Consejo de Estado un dictamen sobre el nuevo protocolo autonómico de acogida, por «posible conflicto de competencias». Inacabable dinámica política, en fin, que lastra una seria cuestión humanitaria.