La crisis que dejaron la pandemia y la guerra en Ucrania y, sobre todo, el auge de la extrema derecha han creado un clima hostil contra las personas migrantes. Los gobiernos europeos están radicalizando cada vez más tanto los discursos como las actuaciones frente a los flujos migratorios. Controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación Schengen, externalización de los centros de acogida, refuerzo de los retornos, acuerdos con terceros países pese a los incumplimientos de los derechos humanos… todo conduce a un endurecimiento de las políticas que amenaza incluso al todavía nonato Pacto de Migración y Asilo que la UE acordó hace unos meses tras años de negociación y bajo la presión de que el ascenso de las fuerzas ultras lo complicaría más adelante. 

El pacto, que empezará a aplicarse dentro de dos años, cuando los 27 hayan acompasado sus sistemas a la nueva legislación, ya se queda corto para muchos países. La ultraderechista italiana Giorgia Meloni ha puesto en marcha el polémico ‘modelo Ruanda’ por el que la gestión de los solicitantes de asilo se realiza fuera de las fronteras de la UE. En el caso de Italia, el acuerdo lo ha alcanzado con Albania. Pese a las denuncias de las ONG de que se trata de un ataque al derecho al asilo, 15 países han reclamado que se explore esa vía a nivel europeo. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a implantar ese modelo.