La Justicia suspende la orden del Gobierno canario de no acoger menores migrantes sin su autorización

Se trata de un procedimiento distinto al que suspendió el 20 de septiembre el protocolo de atención a menores migrantes

La Voz de Galicia, La Voz, 27-09-2024

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido el acuerdo del Gobierno de Canarias del pasado 2 de septiembre para que las oenegés no recibieran a menores migrantes no acompañados que llegaran de manera irregular a las islas sin el conocimiento previo y la autorización del Ejecutivo regional.

Así lo ha informado este jueves el TSJC, que agrega que la Sección II de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, en su sede de Las Palmas, ha aceptado de esta forma la medida cautelar interesada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

El acuerdo del Gobierno canario indicaba a la entidades colaboradoras que no recibieran nuevos migrantes con cargo a la comunidades autónomas salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades competentes. Todo ello, continuaba el Ejecutivo autonómico, en orden a proteger el interés de los menores migrantes no acompañados que ya están atendiendo.

Al respecto, la Sala ha señalado en su auto que «ello supone que, desde la adopción del acuerdo impugnado, los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias, sino que esta recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes».

«Del texto del acuerdo prosiguió se desprende además que la pretensión de la CC.AA. es que los menores queden bajo la guarda y custodia de la autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación, suspendiendo la recepción de nuevos menores migrantes a cargo de los recursos autonómicos».

Por ello, el auto continúa señalado que «nos encontramos ante una medida que altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados que hasta entonces se venía observando, y cuya puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable, de ahí que apreciemos la especial urgencia en la adopción de la medida».

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