Pase lo que pase, continuará en el cargo. Lo ha confirmado el propio vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, al asegurar que seguirá dentro del Ejecutivo transalpino independientemente de cómo acabe el caso Open Arms, juicio en el que se le imputan cargos de secuestro de personas y abuso de poder. Hace cinco años y siendo entonces ministro de Interior impidió, durante varios días, el desembarque de 147 migrantes a bordo del buque humanitario español Open Arms en el puerto de la isla siciliana de Lampedusa.

En un encuentro con los corresponsales internacionales, este jueves el actual socio de minoría del Gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni, frente a una eventual condena, aclaró que se quedará en el cargo, “independientemente de la sentencia”; dado que se trataría, en cualquier caso, del primer grado judicial y por tanto tiene la posibilidad de recurrir. Por esta razón, Matteo Salvini afirma que “al día siguiente de la sentencia estaré trabajando desde mi despacho”.

El caso Open Arms está siendo de actualidad en el país transalpino porque dentro de unos veinte días su abogada, Giulia Bongiorno, expondrá su alegato final el próximo 18 de octubre en Palermo (Sicilia), donde se está celebrando el juicio contra el actual ministro de Fomento. La Fiscalía italiana ya ha pedido seis años de cárcel y se espera que, a mediados de octubre, se conozca la fecha en la que se pronunciará la sentencia definitiva en primer grado.

Desde una perspectiva europea, el caso Open Arms vuelve a tener relevancia coincidiendo con un momento político en el que los miembros de la Unión Europea están observando de cerca la supuesta fórmula de Meloni en el Mediterráneo Central, donde coincide que, en lo que va de año, los flujos de llegada han bajado de un 60% respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato Salvini lo emplea a su favor asegurando, en su visión, que sería una “una pésima señal” para Europa que se condenara a un ministro italiano “por secuestro de personas en relación a un buque español que se negó a marcharse a España pese a que su Gobierno hubiera ofrecido dos puertos para su desembarque” en agosto de 2019.
Más allá de defender su versión de los hechos en el caso Open Arms, el líder de la Liga considera que la mayoría de los países europeos están yendo “hacia un mayor contraste de la inmigración ilegal”, donde el contraste de la misma pasa también por “aumentar las cuotas de inmigración legal”. Para argumentar su postura, el vicepresidente del Gobierno transalpino mencionó que países con Ejecutivos progresistas al frente, “están trabajando para tener unos controles migratorios más severos”. El laborista Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, se entrevistó de hecho hace unos días en Roma con su homóloga para conocer de cerca su estrategia de Italia en el Canal de Sicilia.
Uno de los aspectos más controvertidos de la política migratoria del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni tiene que ver con las ONG humanitarias que rescatan a los migrantes en peligro en el Canal de Sicilia. El conocido como decreto Piantedosi complica la labor de las ONG cuando éstas mismas, igualmente, colaboran con regularidad en los rescates junto la Guardia Costera italiana; cuerpo marítimo que, desde años y en la actualidad, se encarga de la gran mayoría de las operaciones de salvamento en el Mediterráneo Central.

Ante el hecho de que, por un lado, el Ejecutivo italiano dificulta la actividad de rescate de las ONG pero donde, por el otro, la Guardia Costera italiana cuenta habitualmente con ellas al protagonizar los salvamentos en el Mediterráneo Central; preguntado por EL MUNDO, Matteo Salvini elogió la labor de la Guardia Costera italiana y aseguró que son “los Estados los que salvan las vidas” pero justificó que las labores de salvamento sólo tienen sentido para naufragios imprevistos. Solamente.