El gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, Juan José García, acusó ayer a la Junta de Andalucía de “favorecer el tránsito de los menores inmigrantes por toda España”, al haber establecido que pasen tres meses antes de ejercer la tutela sobre esos chicos. En la Comunidad de Madrid esa tutela es efectiva desde el momento en que los menores son detectados en su territorio. La Junta de Andalucía rehusó responder a estas acusaciones. En los centros de protección andaluces viven 844 menores extranjeros, una de las ocupaciones más altas, según la Junta.