Las mujeres representan hoy aproximadamente el 52% de las personas en movilidad en las Américas, donde se vive el segundo éxodo más grande del mundo. Las niñas y adolescentes constituyen el 20% de este grupo. Esta cifra revela la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas que migran o son desplazadas, considerando sus particularidades en función de su género, origen étnico, origen geográfico o edad, entre otras dimensiones.

Las mujeres y niñas migrantes atraviesan desafíos y riesgos específicos en su tránsito. Muchas de ellas —principalmente aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las niñas no acompañadas o separadas, las embarazadas, o en situación de calle— son víctimas de violencia de género, trata de personas, explotación sexual, matrimonios forzados y discriminación basada en su identidad de género o su orientación sexual. Estos riesgos son aún mayores en países donde las políticas migratorias carecen de un enfoque integral de prevención de violencia e igualdad de género, y donde los servicios esenciales para quienes migran (es decir, los recursos y apoyos básicos que necesitan para vivir de manera segura y digna, como servicios de acceso a salud —incluyendo salud sexual y reproductiva—, educación, vivienda o protección legal) son insuficientes o inexistentes.

Muchas de las mujeres y niñas que migran o están desplazadas son víctimas de violencia de género, trata de personas, explotación sexual, matrimonios forzados y discriminación
Las mujeres y niñas migrantes y refugiadas enfrentan múltiples formas de discriminación que limitan su acceso a servicios de salud, educación, empleo digno y justicia. No podemos ignorar que este sufrimiento ya es una realidad cotidiana, y la inacción solo perpetuará y agravará esta situación en el futuro.

En este contexto de vulnerabilidad extrema, ONU Mujeres ha lanzado su programa Trayectos, financiado por el Gobierno de Japón, en algunos de los puntos críticos de la ruta migratoria de América Central: Costa Rica, Honduras y Panamá. La iniciativa promueve el liderazgo, el empoderamiento, el acceso a servicios y la protección de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en tránsito.

Desde Trayectos, ONU Mujeres propone un enfoque integral para los múltiples desafíos que enfrentan las mujeres en su camino. En primer lugar, facilita el acceso a servicios esenciales de protección, como la atención psicológica en casos de violencia basada en género —elementos indispensables para quienes enfrentan situaciones de riesgo extremo—; proporciona kits con artículos para su protección en el tránsito y mejora las condiciones de seguridad en los albergues temporales. En segundo lugar, apoya a las comunidades locales en el fortalecimiento de sus capacidades, así como del personal en fronteras para brindar una respuesta adecuada y sensible al género, que aliente la protección y el respeto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. De esta manera, abre espacios con organizaciones y redes de mujeres de los tres países para que participen en las respuestas humanitarias que los Estados, junto con Naciones Unidas y otras contrapartes, han puesto en marcha.

Resulta fundamental fomentar el liderazgo y empoderamiento tanto de las mujeres en el camino como de aquellas en las comunidades de acogida, fomentando herramientas para que puedan alcanzar todo su potencial y desarrollar trayectos de vida prósperos a pesar de las dificultades y contribuir activamente, desde sus saberes y capacidades, a las economías de los países de tránsito y destino. Estas acciones no solo son un acto de justicia, sino una inversión en el desarrollo sostenible y la estabilidad de la región.

Es crucial que los Estados, especialmente aquellos que se encuentran en las rutas migratorias, garanticen un enfoque de protección de las mujeres y niñas que migran y son desplazadas. Es urgente que las políticas públicas migratorias integren cada vez más la perspectiva de género y garanticen los derechos humanos de todas las personas en movilidad.

Hay que destacar el papel fundamental de las mujeres que migran en la cadena de valor de los cuidados, tanto como receptoras de estos servicios como proveedoras, a veces en condiciones de informalidad y precariedad
Asimismo, hay que destacar el papel fundamental de las mujeres que migran en la cadena de valor de los cuidados, tanto como receptoras de estos servicios como proveedoras, a veces en condiciones de informalidad y precariedad. Los albergues y soluciones de acogida deben integrar servicios de cuidados para atender las necesidades tanto de las mujeres que asumen trabajos de cuidado de personas dependientes, como para ofrecerles oportunidades de empleo decente en el sector de los cuidados. Formalizar este trabajo es crucial para garantizar derechos laborales y mejorar sus condiciones de vida, así como para fortalecer los sistemas de cuidados en los países de tránsito y destino.

Es fundamental que estas políticas reconozcan la complejidad de los patrones de movilidad comprendiendo que sus causas no se limitan a la violencia basada en género o la falta de oportunidades económicas, sino también a factores emergentes como el cambio climático, que ya está obligando a miles de personas a dejar sus hogares. Las políticas deben ser flexibles, adaptativas y, sobre todo, deben centrarse en las necesidades y derechos específicos de las mujeres y niñas en movilidad.

Este es un llamado a todos los actores: gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, las comunidades de acogida y el sector privado. Las soluciones deben ser integrales y coordinadas, con un enfoque de género que incluya desde la prevención de la violencia hasta la provisión de servicios esenciales en su ruta migratoria. Aumentar los albergues temporales en el camino, ofrecer atención en salud sexual y reproductiva y ampliar los servicios psicológicos son algunas de las urgencias impostergables.

La situación de las mujeres y niñas migrantes no puede esperar. Cada día sin una respuesta firme y coordinada es un día en que miles de ellas siguen expuestas a riesgos inaceptables. Debemos actuar ahora, con determinación y en conjunto, para garantizar que todas las mujeres y niñas que están migrando, sin importar su origen o destino, vivan libres de violencia y discriminación y tengan acceso pleno a sus derechos. Debemos fortalecer nuestras alianzas, ampliar esfuerzos y, sobre todo, garantizar que ninguna mujer o niña que busque un mejor futuro lejos de su lugar de origen sea olvidada o dejada atrás.