La iniciativa para regularizar a cientos de miles de inmigrantes enfrenta en las próximas semanas su fase decisiva en el Congreso, con un debate entre partidos muy complicado. Una vez desbloqueada su tramitación tras el acuerdo entre los socios de Gobierno y presentadas las enmiendas al texto, los grupos políticos de la Cámara, que a excepción de Vox apoyaron en abril la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), deberán ponerse de acuerdo ahora en la redacción final del articulado, y donde el periodo temporal que abarcará la medida se adivina como el tema fundamental de la negociación. La propuesta del PP, que mantiene como fecha de corte para la regularización a aquellos inmigrantes que se encontraran en España antes del 1 de noviembre de 2021, amenaza con dejar en papel mojado el procedimiento extraordinario, según denuncian partidos y asociaciones. Junts, además, condiciona en su enmienda la regularización al traspaso de las competencias en materia migratoria, lo que complica más el acuerdo.

El texto registrado in extremis por el PP el miércoles reclama que esta nueva regularización se haga de manera “individualizada” y defiende que afecte a aquellos inmigrantes que se encontraran en España antes del 1 de noviembre de 2021, fecha que figuraba en el texto original, porque fue entonces cuando se registró ante la Junta Electoral Central y comenzó el proceso para la recogida de firmas. Su propuesta excluiría a los inmigrantes que tengan antecedentes penales —requisito que se ya contemplaba en anteriores regularizaciones—, a los que sean delincuentes reincidentes o tengan prohibida la entrada a territorio español.

El PSOE y Sumar pactaron esta semana ampliar la regularización a los extranjeros que se encontrasen en España hasta antes del 31 de diciembre de 2023, aunque establecieron que para concederla se usarían criterios “laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”, lo que delimitaría los posibles beneficiarios. Con esta propuesta los partidos del Gobierno se ciñen, inciden fuentes del Ejecutivo, a la normativa de la UE, que en 2008 estableció que los Estados Miembros deben limitarse a regularizaciones caso a caso en vez de a regularizaciones generalizadas sin ningún tipo de requisito.

La intención es que, una vez aprobada la iniciativa, en unos seis meses se apruebe un decreto para esa regulación. ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, en su propia enmienda, reclaman extender aún más el período, de forma que la ley beneficie a todas las personas que estén en España antes de “la entrada en vigor” de la norma, tal y como pide Regularización Ya, una de las principales organizaciones impulsoras de la ILP.

Las oganizaciones promotoras de la iniciativa llaman la atención sobre la iniciativa del PP. “A pesar de ser favorable, plantea una fecha de entrada en España como condición para la regularización que es igual de exigente que el mecanismo de arraigo social, por lo que convertiría la regularización en inútil”, señala en una nota de prensa el partido Por un Mundo Más Justo y Fundación para la Ciudadanía Global, dos de las organizaciones pertenecientes a la comisión que promovió en su día la ILP. El sistema actual de regularización por arraigo social ya exige tres años de estancia en España, una oferta de trabajo en firme y no tener antecedentes, por lo que la propuesta del PP no añadiría nada al procedimiento actual, denuncian.

La presión de la Iglesias y los elogios a Meloni
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En el PSOE suscita muchas dudas la estrategia de los populares. Permitieron que la iniciativa se abriera paso en el Congreso con el apoyo a la toma en consideración, pero han abanderado un discurso sobre inmigración cada vez más alineado con el de la ultraderecha y por eso se preguntan ahora qué hay detrás de ese interés por poner como condición que las autorizaciones solo se apliquen a quienes ya estuviesen en España en 2021. En definitiva, ven difícil que el PP apoye la regularización extraordinaria debido a ese endurecimiento progresivo de sus postulados en los últimos meses. En cualquier caso, fuentes gubernamentales y socialistas creen, sin embargo, que la presión de la Iglesia —Cáritas y la Conferencia Episcopal también impulsan la ILP— podría contribuir a que el PP apruebe la iniciativa. “El PP, estratégicamente, lleva unos meses apuntándose al discurso de la inmigración y el miedo. Que la inmigración delinque. [Alberto Núñez] Feijóo se ha apuntado al discurso antiinmigración de [Giorgia] Meloni. ¿Y ahora va a venir aquí y va a aprobar con nosotros y con Bildu esta ILP? Esperamos que el PP no haya pretendido solo quedar bien con Cáritas y con la Iglesia”, afirma un miembro del Ejecutivo.

Feijóo vinculó en la campaña de las elecciones catalanas a los inmigrantes irregulares con la okupación y en julio abrazó todavía más el relato de Vox ligando inmigración e inseguridad: “Los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle”, dijo en la Junta Directiva Nacional del PP. El líder del partido visitó la semana pasada en Roma a la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni, y elogió su política migratoria, que pretende la deportación de migrantes a centros de internamiento en Albania. “El PP, con un discurso muy tramposo, se ha quedado atrapado en el debate de la inmigración”, reflexiona otro integrante del Consejo de Ministros, que espera que no trunque la iniciativa.

En el Gobierno destacan que la ILP pide que se apruebe un decreto para la regularización de inmigrantes y las fuentes consultadas afirman que ese es el compromiso, con independencia de que se apruebe o no la iniciativa en el Congreso, pero al mismo tiempo destacan que en 2022 y 2023 se ha regularizado [por las vías ya establecidas por la ley de extranjería] a más de 335.000 personas a través de la figura del arraigo. “Es efectivo ir caso a caso, sin que haya un proceso extraordinario”, esgrimen.

Fuentes de Sumar, que preside la Comisión de Trabajo encargada de elaborar ahora la ponencia y el dictamen de la ley, reconocen que la fecha de corte en noviembre de 2021 representa “un problema” porque dejaría de tratarse de una regulación extraordinaria. “Es uno de los asuntos que se tienen que debatir”, afirman sin entrar en detalles. La formación que dirige Yolanda Díaz prefiere ser discreta para dar margen a la negociación con el PP y el resto de grupos. Hasta la fecha optimistas, su intención es acelerar los plazos y en un par de semanas convocar la comisión, aunque dependerá de las conversaciones con los partidos.

La dirección de Junts, sin embargo, ve complicado que la ILP salga adelante. El partido de Carles Puigdemont registró el lunes una enmienda en la que insiste en la transferencia de las competencias en materia de inmigración a Cataluña, según acordó con el PSOE a principios de año, aunque los socialistas no lo interpretan de la misma manera. “El Gobierno estudiará una propuesta de regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español. Dicha propuesta será remitida a las Cortes para su valoración y, si procede, su aprobación, y deberá de tener en cuenta los cambios normativos que se produzcan, como es la transferencia de competencias en inmigración en el caso de Catalunya”, reza el texto de los independentistas registrado el miércoles.

Junts argumenta que “la magnitud y las implicaciones” que conlleva la Proposición de Ley requiere de una evaluación detallada y concisa para quien debe aplicarla”. E insiste en que “es de dominio público” el acuerdo suscrito Junts y el PSOE para hacer efectiva la transferencia de competencias en materia de inmigración: “La ley orgánica que se ha acordado aprobar entre estos dos grupos parlamentarios supondrá un cambio normativo relevante en esta materia, es del todo necesario que sea considerado antes de realizar la regularización que ahora se propone”.

También el PNV ha presentado su propia propuesta. En su alternativa al texto, el grupo vasco vincula las autorizaciones a un contrato de trabajo y plantea que en el plazo de un año desde su entrada en vigor “las personas empresarias o empleadoras que pretendan contratar a una persona extranjera que se encuentre en el territorio español antes del 1 septiembre de 2024, podrán solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena”. Este permiso tendrá una vigencia de dos años y podrán pedirse “ulteriores solicitudes de autorización”.

“Estamos preocupadas porque pensamos que los legisladores no entienden cuál es la realidad de las personas que viven y trabajan en exclusión. Son sus empleadas domésticas, quienes les planchan las camisas”, lamenta Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya, después de leer las enmiendas de PP, Junts y PNV. La plataforma insiste en que el plazo planteado por los populares convertiría la regularización en ordinaria.

La iniciativa popular comenzó a gestarse a finales de 2021, y un año después los promotores anunciaron que había conseguido el apoyo de casi 612.000 españoles (la ley requiere el respaldo de al menos medio millón de firmas) y de 906 organizaciones. La cifra de personas que se encuentran en situación irregular en España es incierta, pero los promotores de la norma calcularon hace medio año que su iniciativa podría beneficiar a entre 390.000 y 470.000 migrantes, la mayoría originarios de América Latina. Hasta la fecha, en España se han hecho nueve regularizaciones, cinco con gobiernos del PP y cuatro del PSOE. La última fue con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo en 2005, cuando se facilitaron papeles a 600.000 trabajadores extracomunitarios.

El debate llega, además, en pleno recrudecimiento del discurso xenófobo en Europa, con gobiernos progresistas como el alemán o el británico girando a posiciones más cercanas a la ultraderecha en esta materia y una semana después de que el CIS haya colocado la inmigración como el principal problema de los españoles. La ILP tiene aún un camino complicado por recorrer en el Congreso, pero de salir adelante, mandaría otro mensaje claro sobre lo que representa ya la llamada excepción ibérica en la política del continente.