El Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia ha acordado la apertura de juicio oral contra el empresario guipuzcoano acusado de contratar ilegalmente a ocho inmigrantes colombianos, cinco de ellos hombres y tres mujeres.

La Fiscalía reclama tres años de cárcel para el procesado, al que responsabiliza de explotar presuntamente a estas personas en una nave de Astigarraga aprovechando su “situación de necesidad”.

La Tesorería de la Seguridad Social, también personada en este procedimiento, pide para el procesado penas de entre tres y seis años de prisión como responsable de distintos delitos contra los derechos de los trabajadores, aunque a su entender los hechos también podrían ser constitutivos de infracciones en el orden social y en materia de extranjería.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el letrado Juan E. Álvarez Fanjul en representación de los trabajadores, solicita una pena de nueve años de cárcel por cada uno de los ocho afectados con la aplicación de las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y de género, hasta sumar un total de 72 años de prisión por el conjunto de todos ellos.

Audiencia provincial
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Instrucción declara ahora como posibles responsables civiles subsidiarios a la esposa del acusado, así como a la empresa de la que éste era gerente y a una segunda compañía que le cedió un local en el que sucedieron los hechos. Además, designa a la Audiencia de Gipuzkoa como el órgano competente para juzgar esta causa.

Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se iniciaron en mayo de 2019 fecha a partir de la que el empresario ofreció trabajo por separado a los afectados “siendo conocedor de que carecían de permiso de residencia y de permiso de trabajo”.

El documento recalca que el empresario “nunca tuvo intención de cumplir los compromisos alcanzados verbalmente” con los perjudicados" y “de hecho nunca los cumplió”.

Destaca asimismo que los inmigrantes desarrollaron sus labores “bajo la creencia ficticia” de que el empresario “regularizaría tanto sus situación laboral como la personal, dado que así se lo había transmitido a cada uno de ellos”.

Billetes de avión
En algunos de estos casos, se había comprometido a buscarles un piso para residir y a pagarles los billetes de avión, si bien varios de ellos residían “sin las adecuadas medidas de higiene y seguridad” en la misma nave de Astigarraga en la que trabajaban y que le había sido cedida como almacén al acusado por otra empresa.

En este lugar, los afectados, según los casos, realizaban distintas labores de mantenimiento, reparto, carga y descarga, conducción de vehículos y maquinaria industrial, así como trabajos de cocina y limpieza de diferentes “útiles” que el empresario traía de una discoteca de Lesaka.

En las ocasiones en las que alguno de los damnificados le reclamaba el pago de su salario, el inculpado presuntamente “se negaba” y les amenazaba con “avisar a la Policía”, dada su situación “irregular”, describe el texto de la Fiscalía.

Jornadas de 14 horas
El documento precisa que alguno de los afectados habría llegado a desarrollar “jornadas de trabajo de hasta 14 horas” y recibió insultos como “cerdo sudoríparo” y “mongo retrasado”, mientras que a una de las mujeres le llamaba “lenta” y “corta” y le aseguraba que la iba a mandar “de vuelta a Colombia”.

La Fiscalía reconoce no obstante que el acusado “actuó con sus facultades intelectivas y volitivas afectadas moderadamente, debido a un trastorno bipolar y a un trastorno por consumo de alcohol, actualmente en abstinencia, pero que padecía en el momento de los hechos”, por lo que accede a aplicarle esta circunstancia como atenuante.