El Gobierno de Canarias sigue defendiendo su protocolo de atención de acogida de menores, que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y considerado inconstitucional por el Consejo de Estado. En este sentido, el Ejecutivo ya ha presentado las alegaciones pertinentes al recurso emitido por el Tribunal, pues según explica el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, lo que se ha intentado es «velar y garantizar todos los derechos de los menores». Apunta que, con el protocolo canario, se ha desarrollado un reglamento «de un protocolo aprobado en 2014 por el Gobierno del Estado».

Cabello explica que el hecho de abrir una discusión sobre cómo se estaba entregando a los niños y niñas que llegan a las islas «ya ha propiciado que se mejoren las condiciones de facto». Así, remarca que ya les están llegando «resoluciones individuales, con fotografías y con huellas dactilares», si bien esto no se cumple en todos los casos. Ahora se encuentran a la espera de lo que determine el TSJC.

La cuerda se tensó más este lunes con la elevación de un requerimiento por parte del Ejecutivo autonómico al Consejo de Ministros al entender que el Estado no se está haciendo responsable de las competencias que tiene en la cuestión migratoria.

No obstante, «lo importante» para el Gobierno presidido por Fernando Clavijo es que se llegue a un acuerdo para la modificación de la ley de extranjería, que busca la distribución obligatoria de los menores migrantes que llegan a territorios con los recursos colapsados, como Canarias. A pesar de que tanto el Gobierno central, el autonómico y el Partido Popular (formación de cuyo voto depende que la reforma salga adelante y que ya votó en contra de la toma en consideración de esta modificación en julio) habían mostrado públicamente que se reunirían a lo largo de esta semana, ahora se ha optado por celebrar el encuentro con la máxima discreción, aunque todo apunta a que podría ser hoy. Todos los actores esperan que esa primera reunión sea «definitoria».

Continúa la presión
Según detalló la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, tras un foro organizado por la Cadena Ser en Tenerife, el archipiélago da atención en solitario a 5.200 menores migrantes. Todo ello, en una red de acogida que ha pasado de 29 a 81 centros en cuestión de meses. Además, las condiciones favorables del mar en estos momentos han propiciado que más personas decidan jugarse la vida en el mar. En lo que llevamos de mes, han arribado 4.075 migrantes y, entre ellos, 586 menores, según los últimos datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

Por tanto, desde la Consejería vuelven a poner sobre la mesa «la saturación de los centros de acogida» y la carencia en los recursos, incluso para encontrar personal apto para la atención de los niños y niñas.

En estos momentos de saturación, explicó la consejera, «no se ha dejado de atender a ningún menor». Lo que se está haciendo es «derivarlos a dos centros de gran capacidad»en Tenerife y Gran Canaria. Luego, se valora qué dispositivos están «menos saturados» y se realizan las derivaciones pertinentes, según las edades de los menores o el género.

Esta saturación ha hecho que el archipiélago se plantee el uso de carpas para la primera atención de los niños y niñas. En Lanzarote ya están listas para su uso y se ha solicitado espacio para ubicar más en Tenerife y Gran Canaria. «Las usaremos cuando sea necesario», expresó la titular de Bienestar Social.

Bienestar Social se reúne con el delegado del Gobierno y preguntará por los centros cedidos por Defensa
El Ministerio de Defensa cedió al Gobierno de Canarias dos espacios militares para la acogida de menores migrantes como respuesta a la saturación de los recursos disponibles en las islas. Ambos están ubicados en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife (los cuarteles del Cristo y el Polvorín de Valle Tabares).

Sin embargo, desde la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo se preguntan quién se hará cargo de los gastos derivados del reacondicionamiento de estos espacios. Incógnita que trasladarán hoy al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en una reunión en la que se abordará la convivencia entre el protocolo estatal y el protocolo autonómico sobre la acogida de menores migrantes, según informó ayer la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en declaraciones a los medios de comunicación.

La titular del área apuntó que los espacios que en su momento había solicitado el Ejecutivo (los cuarteles del Marqués de Herrera, en Lanzarote, el Anatolio Fuentes en El Hierro y El Fuerte, en La Palma) sí eran aptos para acoger a los chicos y chicas y solo dependían «de un mínimo arreglo».

Además, apuntó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, «no se cerró a que se pudieran solicitar otros recintos»,por lo que espera que se pueda abrir esa vía de diálogo durante este tiempo.

No obstante, Delgado incidió en que lo realmente importante es lograr un acuerdo para aprobar la reforma de la ley de extranjería y que «se empiece con el traslado de los menores a otras comunidades autónomas», medida que aliviará la presión en los recursos de acogida de los que dispone el archipiélago y que podrá garantizar que se les dé una atención digna.